La defensa del presidente Nicolás Maduro, que permanece en un penal de Nueva York tras su secuestro por fuerzas militares estadounidenses el pasado 3 de enero, pidió este miércoles desestimar el caso penal en su contra en Estados Unidos bajo el argumento de la inmunidad soberana.

El abogado de Maduro, Barry Pollack, entregó dos mociones al tribunal. La primera apunta a desestimar toda la acusación con base en la inmunidad soberana, mientras que la segunda, en caso de que esa no prospere, buscaría desestimar solo el cargo de conspiración por narcoterrorismo.

Luego de que Maduro fue objeto de una campaña que le relacionaba con el narcotráfico y la Administración Trump le señaló repetidamente como líder del llamado «Cartel de los Soles», el Departamento de Justicia de Estados Unidos modificó sustancialmente su acusación y descartó la afirmación de que esa denominación es una organización criminal real.

Ese cambio se conoció en la audiencia del 6 de enero, a poco de su secuestro, en la cual el mandatario se declaró «prisionero de guerra» y rechazó categóricamente los cargos presentados en su contra, reafirmando su condición de jefe de Estado de la República Bolivariana.

Junto a Cilia Flores, fue acusado de presuntos delitos relacionados con el narcotráfico y posesión de armas automáticas.

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En la primera moción presentada este miércoles, la defensa de Maduro argumenta que un tribunal de EE.UU. no tiene jurisdicción para procesarlo porque es «jefe de Estado de facto» y la conducta en la que se basan los cargos «consiste en actos atribuibles a los cargos oficiales» y a las «facultades del Estado».

«El Tribunal carecería de jurisdicción sobre el señor Maduro si este tuviera derecho o bien a la inmunidad soberana basada en su condición de jefe de Estado o bien a la inmunidad soberana basada en la conducta (…). Tiene derecho a ambas», señala la defensa, que solicita cerrar el caso «con perjuicio», lo que impide en la práctica presentar nuevamente la misma acusación.

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En la segunda moción, el abogado pide la retirada del cargo de narcoterrorismo argumentando que el tribunal tampoco tiene jurisdicción y que no está formulado adecuadamente según la ley estadounidense.

El cargo «pretende acusar a un ciudadano extranjero» por una «conducta exclusivamente extranjera sin alegar adecuadamente el elemento jurisdiccional», apunta y agrega que no establece su «intención de causar perjuicio a Estados Unidos, sus ciudadanos o sus intereses», y que «no está dentro de la autoridad del Congreso para regular».

Sobre el «narcoterrorismo», una figura no tipificada en el derecho internacional público, expertos legales han alertado de que, como parte de la expansión del vocabulario relacionado con la seguridad, en medio de procesos de militarización y «securitización» como los promovidos por Trump, difumina fronteras legales con fines políticos o geopolíticos para legitimar el uso de la fuerza contra personas, Gobiernos o Estados.

Tras la presentación de las mociones este miércoles, la Fiscalía de EE.UU. tiene hasta el 2 de octubre para responder.

La vista para abordar estas cuestiones está programada el 17 de noviembre, antes del juicio, que por el momento está fechado para junio de 2027.

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