Cilia Flores reclama inmunidad y expone cómo EE.UU. reescribió su acusación
La defensa de la diputada venezolana, secuestrada junto al presidente Nicolás Maduro hace diez meses, pidió a la Corte Federal de Nueva York anular un proceso cuya acusación la Fiscalía modificó después del primer reclamo.
Maduro y Flores comparecieron por primera vez ante el tribunal de Manhattan y se declararon inocentes. Mientras, en las inmediaciones de la Corte cientos de activistas reclamaban su libertad. Foto: EFE / Archivo
10 de noviembre de 2026 Hora: 16:22
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La defensa de Cilia Flores pidió este lunes a la jueza federal Analisa Torres anular por inmunidad soberana las acusaciones no probadas que la diputada venezolana enfrenta en Nueva York desde su secuestro en Caracas.
La inmunidad soberana, principio del derecho internacional que impide a los tribunales de un país juzgar a los jefes de Estado de otro y a su núcleo familiar, sostiene el alegato completo. Para la defensa, esa protección pertenece a la República Bolivariana de Venezuela antes que a la propia Flores, de modo que la diputada no puede perderla y la Fiscalía estadounidense tampoco puede arrebatársela.
La Fiscalía sostuvo en octubre que el solo hecho de acusarlos expresa la decisión de Washington de negarles esa protección y que el tribunal debe acatarla sin discutir. Los tribunales de apelación estadounidenses, le recuerda la defensa, solo han aceptado esa obediencia tras comprobar que el Gobierno respetaba las normas tradicionales sobre inmunidad.
El memorando presentado ante el tribunal, de 69 páginas y firmado por los abogados M. Andrés Sánchez-Ross y Mark E. Donnelly, retoma la moción de inmunidad del 2 de septiembre y la extiende a la versión más reciente de la acusación, que sumó a Flores el cargo de conspiración para el narcoterrorismo y acusó a ambos de conspiración para cometer torturas. Esos cargos cierran una secuencia que empezó antes de que cayera la primera bomba sobre Caracas.
Antes del ataque, una acusación secreta
El 23 de diciembre de 2025, un gran jurado (el grupo de ciudadanos que en Estados Unidos decide si una acusación penal sigue adelante) acusó en secreto a Flores por primera vez, en un caso abierto desde 2011. Ese mismo día, la oficina jurídica del Departamento de Justicia, del que depende la Fiscalía, firmó el dictamen que dio luz verde legal a la operación militar en Venezuela.
Once días después, en la madrugada del 3 de enero, fuerzas especiales estadounidenses bombardearon Caracas y secuestraron a Maduro y a Flores, en una agresión que dejó más de un centenar de muertos entre civiles y militares. Ese mismo día, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la ausencia forzosa del presidente y encargó sus funciones a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, sin declarar vacante el cargo. El 5 de enero, Rodríguez juró como presidenta encargada ante la Asamblea Nacional.
Esa misma jornada, Maduro y Flores comparecieron por primera vez ante el tribunal de Manhattan y se declararon inocentes. El presidente se definió como «prisionero de guerra», y el abogado de Flores denunció lesiones visibles que llevaban casi tres días sin atención médica. A pocos kilómetros, en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el embajador venezolano Samuel Moncada exigía que Estados Unidos respetara la inmunidad de ambos y los liberara.
Una acusación que cambió sobre la marcha
Aquella acusación de diciembre describía en tiempo presente a Maduro como gobernante de hecho de Venezuela y a Flores como primera dama, con el mismo verbo para los dos, «es». Cuando la defensa invocó la inmunidad en septiembre, la Fiscalía respondió el 2 de octubre y, cuatro días más tarde, obtuvo del gran jurado una nueva versión en la que ambos pasaron al tiempo pasado.
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Ese cambio de una sola palabra pesa en el pleito, porque la inmunidad protege a quien ocupa el cargo, y la versión nueva ya solo habla de ella en pasado. La reescritura llegó como una nueva maniobra judicial en la misma semana en que el tribunal le negó a Flores el arresto domiciliario, pese a sus arritmias y a los más de 11 kilos que perdió desde el secuestro. El 15 de octubre, ambos se declararon inocentes de los cargos agregados.
El cargo de tortura se vuelve contra la Fiscalía
La ley estadounidense solo castiga como tortura los abusos que comete alguien investido de autoridad estatal, y en esos términos redactó la Fiscalía el nuevo cargo. Con esa redacción —sostiene la defensa—, la propia acusación admite que Flores habría actuado como funcionaria pública, terreno que la inmunidad protege.
Casi todos los hechos que se le atribuyen ocurrieron entre 2006 y 2015, cuando Flores presidía la Asamblea Nacional o ejercía como procuradora general y Washington aún reconocía al Gobierno venezolano. Durante dos décadas, el propio Departamento de Estado sostuvo ante sus tribunales que los exgobernantes y altos funcionarios conservan la protección por los actos de su cargo.
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La única acusación sobre dinero para su campaña de 2015 viene del juicio contra dos sobrinos suyos en Nueva York, un proceso en el que la propia Fiscalía nunca sostuvo que Flores supiera de la operación ni que se beneficiara de ella.
Venezuela nunca renunció a la inmunidad
El reclamo que Moncada llevó a la ONU abrió una cadena de pronunciamientos oficiales que sigue intacta, con el TSJ, la Asamblea Nacional, la Cancillería y la Procuraduría General en defensa de la inmunidad, esta última incluso bajo juramento ante el mismo tribunal de Nueva York.
El 5 de marzo, Washington restableció relaciones diplomáticas con Caracas y reconoció así al Gobierno de la presidenta encargada, el mismo que considera a Maduro el presidente legítimo y a ambos inocentes. El 26 de octubre, un alto funcionario del Departamento de Estado admitió además que la Presidencia de Venezuela aún no se ha declarado vacante. «Se declara vacante un cargo que alguien ocupa», responde la defensa.
El último argumento invoca una regla que Estados Unidos reclama para sí, porque en 2025 Washington sancionó a la Corte Penal Internacional (CPI) por pretender juzgar a funcionarios estadounidenses sin el consentimiento de su país. Flores pide que a Venezuela se le reconozca lo mismo.
«Venezuela no ha renunciado a nada», insiste el escrito, que solicita cerrar de forma definitiva el caso contra la diputada. La jueza escuchará a las partes el 17 de diciembre, y el juicio está previsto para el 14 de junio de 2027, cuando Maduro y Flores sumarán más de diecisiete meses presos en una cárcel federal de Brooklyn.
Autor: teleSUR - DRB - JDO
Fuente: Daniel Ruiz Bracamonte




