Durante el presente año fiscal 2026, las cortes de inmigración de Estados Unidos han dictado órdenes de deportación contra 160.029 ciudadanos mexicanos. Esta cifra ubica a México como el país de origen con mayor número de resoluciones de expulsión dictadas por la vía judicial, representando a uno de cada cinco migrantes procesados en estas instancias federales dependientes del Departamento de Justicia.

Los datos presentados por el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse indican que los jueces de inmigración han emitido un total de 741.870 órdenes de expulsión en este período. La segunda nacionalidad más afectada la constituyen los ciudadanos venezolanos con 90.249 órdenes de remoción, seguidos por nacionales de Honduras con 89.007 casos, Guatemala con 87.255 y Colombia con 48.458 dictámenes.

Las estadísticas del organismo de investigación revelan que solo el 1.79 por ciento de los nuevos casos iniciados ante las cortes buscaban la deportación por presunta actividad criminal ajena al ingreso irregular al país. Esta proporción contrasta con los argumentos de la administración del presidente Donald Trump, la cual justifica el incremento de los operativos migratorios como un mecanismo para garantizar la seguridad pública interna.

Las decisiones emitidas por los jueces representan el canal formal con derecho a audiencia; sin embargo, las autoridades estadounidenses ejecutan paralelamente expulsiones administrativas directas. A través del mecanismo de remoción expedita, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza deportan a las personas que no acrediten dos años de residencia continua sin someter la causa a evaluación judicial.

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Únicamente durante el mes de agosto, los jueces de inmigración concluyeron 96.184 casos, de los cuales 77.234 finalizaron en orden de remoción y 9.020 en salida voluntaria, acumulando un 89.7 por ciento de expedientes resueltos en favor de la expulsión. En ese mismo período, solo el 24.2 por ciento de los migrantes que recibieron orden de deportación, incluyendo a menores de edad no acompañados, contó con asistencia legal ante los tribunales.

El informe del TRAC añade que en el año fiscal en curso los jueces celebraron 66.620 audiencias de fianza, concediendo la libertad condicional a 20.258 solicitantes. Al cierre de agosto, la acumulación de expedientes pendientes ante las cortes alcanzó los 3.092.988 casos activos, dentro de los cuales 2.278.978 corresponden a personas a la espera de una audiencia de asilo.

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