En un nuevo episodio de las controvertidas operaciones militares de Estados Unidos en aguas internacionales, el Comando Sur (SOUTHCOM) informó que la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental ejecutó este 19 de septiembre un ataque letal contra una embarcación rápida en el mar Caribe. 

Según la versión difundida por la entidad en su cuenta de la red social X, la nave operaba en rutas del narcotráfico e “inteligencia confirmada” vinculaba a la tripulación con actividades ilícitas. La acción se saldó con la muerte de cuatro personas clasificadas por Washington como “narco-terroristas”.

​Sin embargo, al igual que en operativos anteriores, la institución militar norteamericana no presentó pruebas ni evidencia pública que sustente sus afirmaciones, omitiendo el debido proceso e incurriendo en lo que organizaciones de derechos humanos, personalidades de todo el mundo y activistas catalogan como ejecuciones extrajudiciales.

​Esta incursión se suma a una secuencia de intervenciones armadas en la región. Apenas dos días antes, el 17 de septiembre, el propio Comando Sur hizo público un video mostrando el abordaje y posterior hundimiento de una estación flotante de reabastecimiento en el Pacífico oriental. 

En esa ocasión, Washington justificó la destrucción de la infraestructura al vincularla con la banda criminal ecuatoriana “Los Choneros”, tras entregar a la tripulación a las autoridades de Ecuador.

​Estas acciones forman parte de una ofensiva militar unilateral contra carteles e infraestructuras calificados por la Casa Blanca como “narcoterroristas”. 

Hasta la fecha, estas operaciones ejecutadas sin juicio previo ni investigaciones judiciales transparentes acumulan un saldo de más de 220 muertos en aguas del Caribe y el Pacífico.

​Denuncias en Ecuador y tibieza de la administración de Noboa

​El incremento de estos ataques armados ha desatado una ola de indignación y resistencia legal, especialmente en la costa del Pacífico ecuatoriano. Pescadores artesanales de la localidad de Manta iniciaron acciones legales formalizadas tras sufrir el impacto directo de las incursiones navales estadounidenses.

​Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos en Ecuador emitieron un pronunciamiento para exigir el cese inmediato de las agresiones contra los trabajadores del mar, expresando una profunda preocupación ante situaciones registradas durante 2026 que incluyen: ​Privación ilegal de la libertad y desapariciones forzadas, denuncias de tortura ejercidas por efectivos militares y destrucción sistemática de herramientas de trabajo y embarcaciones pesqueras ecuatorianas.

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​Pese a la gravedad de los testimonios y el impacto en las comunidades costeras, el proceso legal y los reclamos diplomáticos se han visto lastrados por la tibia postura de la administración del presidente Daniel Noboa, cuyo gobierno mantiene una línea de complacencia hacia la presencia armada de Estados Unidos en aguas territoriales y adyacentes.

​Rechazo creciente dentro de la sociedad estadounidense

​La escalada de letalidad y la ausencia de controles judiciales no solo generan alarma en América Latina, sino que han empezado a provocar un notable rechazo al interior de la propia sociedad e institucionalidad norteamericana.

​Diversos sectores civiles, analistas jurídicos y activistas en Estados Unidos cuestionan el uso irrestricto de la fuerza en el mar, advirtiendo que la normalización de estas operaciones al margen del derecho internacional erosiona los estándares del debido proceso y convierte la política exterior contra las drogas en una campaña de ejecuciones sumarias en alta mar.

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