El banco de inversión estadounidense J.P. Morgan revisó a la baja sus proyecciones sobre la economía de Argentina y recomendó formalmente a sus clientes retirar sus capitales del país.

La institución financiera recortó la estimación de crecimiento para el año 2026, reduciéndola de un 2.7 por ciento a un 1.5 por ciento, al tiempo que alertó sobre el riesgo inminente de que la nación suramericana entre en recesión técnica tras acumular caídas consecutivas en la actividad productiva nacional.

El informe titulado «Argentina: tomarse un respiro» insta a los inversionistas internacionales a vender sus posiciones en pesos y abstenerse de asumir nuevos riesgos en el mercado local.

La recomendación se emitió luego de confirmarse que la actividad económica sufrió una contracción del 2.9 por ciento durante el mes de julio con respecto al período previo, registrando el indicador más desfavorable desde la crisis sanitaria global y provocando que el riesgo país escalara por encima de los 700 puntos básicos, muy lejos de los estándares regionales de naciones vecinas como Chile.

El pronunciamiento de la corporación financiera internacional evidenció el impacto del programa económico implementado por la administración del presidente Javier Milei, caracterizado por la reducción drástica del gasto público, la apertura comercial indiscriminada y las reformas de flexibilización laboral.

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Pese a la desaceleración del índice inflacionario mensual, la contracción del aparato productivo y la pérdida sistemática del empleo formal generaron la desconfianza incluso entre los actores del capital financiero transnacional.

La postura adoptada por la banca estadounidense profundizó la caída de los bonos soberanos argentinos y provocó un nuevo incremento en la cotización del dólar en el mercado paralelo, encareciendo el acceso al financiamiento externo para la nación.

Esta pérdida de respaldo por parte del capital especulativo se suma a las masivas jornadas de protesta social registradas en el país como las recientes movilizaciones estudiantiles en Buenos Aires contra el ajuste presupuestario, consolidando un escenario de creciente fragilidad económica y rechazo popular al modelo de la Libertad Avanza.

La pobreza en la República Argentina alcanzó al 32.3 por ciento de la población durante el primer semestre de 2026, afectando a más de 15 millones de personas en todo el territorio nacional.

Los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) confirmaron un incremento de 4.1 puntos porcentuales respecto a la segunda mitad del año anterior, dejando además a 3.5 millones de ciudadanos en la indigencia lo que representa el 7.5 por ciento.

Este marcado deterioro social evidencia el fracaso de las promesas de estabilización del Ejecutivo liderado por el presidente Javier Milei, en un escenario atravesado por el aumento desigual del costo de vida frente a los salarios populares. La suba de la indigencia y la pobreza responde directamente a la pérdida de poder adquisitivo frente al costo de las necesidades básicas.

Durante la primera mitad del año, mientras los ingresos de los hogares crecieron en promedio un 11.5 por ciento, la canasta básica alimentaria se encareció un 21.4 por ciento y la canasta básica total aumentó un 19.6 por ciento. La brecha de ingresos dejó al hogar promedio con 922.755 pesos frente a un costo de vida familiar estimado en 1.440.395 pesos, registrando los mayores índices de vulnerabilidad en regiones golpeadas como el Noreste 41.5 por ciento y el conurbano bonaerense 36.9 por ciento.

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