Decenas de organizaciones sociales, culturales y políticas independientes de los partidos y de las estructuras estatales de Chile denuncian una ofensiva orientada a quitarles el recinto del Espacio Laura Allende, ubicado en Santiago. Este lugar, al igual que otros sitios de memoria y de organización popular, figura entre los espacios que podrían verse afectados por las nuevas directrices del Gobierno de José Antonio Kast.

Las agrupaciones advierten que la amenaza de desalojo y pérdida del inmueble forma parte del avance progresivo de la extrema derecha, alertando que atentar contra este sitio de autogestión busca cerrar los espacios democráticos conquistados por la lucha popular y abrirá la puerta para ir contra otras organizaciones del país.

Durante una asamblea realizada en el lugar, los colectivos criticaron los recortes presupuestarios gubernamentales hacia los comités y espacios sociales, contrastándolos con la reciente asignación estatal de 5.900 millones de pesos destinada a iglesias evangélicas para construcción de templos, fondos que —según señalan— deberían priorizarse en la reconstrucción de viviendas.

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Las organizaciones recalcan que la casa funciona gracias a una concesión del Estado, otorgada a la Fundación Miguel Enríquez —histórico líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), cuyo secretario fue Andrés Pascal, el hombre más buscado de Chile durante la dictadura de Pinochet— y se ha consolidado como un refugio vital para la autonomía territorial.

???? ???????? Encuesta Cadem: 63% de los chilenos desaprueba la gestión del presidente José Antonio Kast. El 63% cree que el país va por mal camino, el nivel más alto del actual Gobierno. #Chile #teleSUR pic.twitter.com/6h3SmFj1np

— teleSUR TV (@teleSURtv) September 3, 2026

Durante el año 2024, el recinto albergó cerca de 400 actividades impulsadas por grupos autónomos de diversa índole, acogiendo a un espectro amplio de la sociedad que incluye a víctimas de la dictadura, adultos mayores, comparsas, murgas, colectivos de teatro y agrupaciones juveniles provenientes tanto de la Región Metropolitana como de otras regiones.

Ante el riesgo de que les quiten el espacio indispensable para el encuentro, el debate y el tejido comunitario, las organizaciones reafirman que la única respuesta ante el hostigamiento es la unidad y la defensa de su labor colectiva.

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