ICE bajo sospecha: manipulación de informes en centros de detención
Las denuncias se producen en un contexto marcado por más de 65 mil personas detenidas, junto a reclamos por malos tratos, condiciones precarias y muertes recurrentes en las instalaciones.
Los resultados positivos de los centros de detención del ICE son debido al debilitamiento de los estándares de inspección y a la reducción en la frecuencia de las evaluaciones. Foto: EFE/Archivo
19 de agosto de 2026 Hora: 06:00
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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) enfrenta nuevas acusaciones de fraude y manipulación de informes relacionados con la evaluación de sus centros de detención en Estados Unidos (EE.UU.).
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Las denuncias se producen en un contexto marcado por más de 65 mil personas detenidas, junto a reclamos por malos tratos, condiciones precarias y muertes recurrentes en las instalaciones.
De acuerdo con el Proyecto de Supervisión Gubernamental, mientras aumentan las quejas, el número de centros que reciben la máxima calificación de “superior” se ha triplicado desde 2024, lo que genera dudas sobre la veracidad de los resultados.
Mientras obtienen resultados favorables, organizaciones internacionales de derechos humanos han documentado hacinamiento, deficiencias sanitarias, agua contaminada, personal sin capacitación adecuada y demoras en la atención médica, además de situaciones que han derivado en suicidios dentro de los recintos.
La explicación apunta al debilitamiento de los estándares de inspección y a la reducción en la frecuencia de las evaluaciones. Entre 2022 y 2025, las infracciones registradas disminuyeron en un 68 por ciento, lo que ha sido interpretado como un aparente éxito administrativo, aunque cuestionado por su falta de rigor.
Otro elemento señalado es el papel de la Oficina de Supervisión de Detenciones, responsable de evaluar los centros. Sus calificaciones son decisivas, ya que un recinto que incumpla normas en dos inspecciones consecutivas puede perder financiamiento federal. Este mecanismo ha generado presiones sobre los inspectores, quienes se ven condicionados a emitir evaluaciones positivas.
La situación también involucra a empresas privadas que administran los centros, mientras dicen mantener alineación con las políticas gubernamentales de detención para asegurar contratos y recursos.
La verdad sobre las condiciones reales permanece en disputa y es objeto de investigaciones del Departamento de Justicia, jueces federales, organizaciones civiles, defensores de derechos humanos en la ONU y miembros del Congreso estadounidense.
Autor: teleSUR - ems - JGN
Fuente: Agencias




