La justicia de Honduras ordenó prisión preventiva contra el exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, y otros dos acusados de participar como presuntos autores intelectuales en el asesinato del ambientalista Juan López.

La resolución fue emitida por el Juzgado de Letras especializado en Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, que dictó auto de formal procesamiento junto con la medida cautelar de prisión preventiva para Fúnez, así como para Juan Ángel Ramos y Héctor Eduardo Méndez.

De acuerdo con el Tribunal Supremo, los tres imputados son señalados como responsables intelectuales de los delitos de asesinato y asociación para delinquir, en perjuicio del activista ambiental y exregidor Juan Antonio López, además de afectar los derechos fundamentales de la sociedad hondureña.

Las autoridades judiciales sostienen que durante la audiencia se presentaron elementos suficientes para vincular a los acusados con la planificación y coordinación del crimen, razón por la cual el tribunal decidió mantenerlos en prisión mientras avanza el proceso penal.

El asesinato de Juan López ocurrió el 14 de septiembre de 2024, pocas horas después de que el defensor ambiental exigiera públicamente la renuncia de Adán Fúnez por presuntos actos de corrupción relacionados con proyectos extractivistas en la región.

López era una de las voces más visibles en la defensa del medioambiente y de las comunidades del Valle del Aguán, una zona marcada por conflictos territoriales y disputas ligadas a la explotación de recursos naturales.

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El activista denunciaba especialmente operaciones vinculadas a la empresa Los Pinares Ecotek, a la que acusaba de impulsar proyectos mineros sin legitimidad ni autorización adecuada en territorios de alta biodiversidad. De acuerdo con organizaciones ambientalistas, López también señalaba que funcionarios locales habrían recibido beneficios a cambio de facilitar dichas actividades.

El caso provocó fuertes reacciones de organismos internacionales y colectivos de derechos humanos, que han advertido sobre el aumento de ataques contra defensores ambientales en América Latina.

Diversos sectores consideran que la captura de Fúnez representa un avance importante en la búsqueda de justicia, aunque exigen que las investigaciones también alcancen al empresario Lenir Pérez, mencionado por organizaciones sociales y comunidades del Aguán como uno de los promotores de proyectos extractivos en la zona.

Defensores de derechos humanos cuestionaron que Pérez continuaba enfrentando el proceso en libertad pese a los señalamientos en su contra. Incluso denunciaron que, tras recibir autorización judicial para comparecer sin prisión preventiva, fue visto en una actividad en Miami junto a figuras de la política hondureña y estadounidense.

Hasta ahora, varios de los presuntos autores materiales del asesinato permanecen encarcelados, mientras que Adán Fúnez se convierte en uno de los primeros señalados como supuesto autor intelectual en recibir la medida de prisión preventiva.

Organizaciones ambientales afirman que este proceso judicial podría sentar un precedente histórico en Honduras, aunque insisten en que la justicia solo será completa cuando todos los responsables, tanto materiales como intelectuales, comparezcan ante los tribunales.

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