Guatemala decreta estado de sitio en departamentos con repunte de violencia narco
La medida responde al «recrudecimiento de la violencia armada» atribuida a estructuras del narcotráfico que operan en la frontera con Honduras.
Tras múltiples incidentes violentos el gobierno guatemalteco implementa un estado de excepción por 30 días. Foto: @Ejercito_GT
15 de noviembre de 2026 Hora: 15:41
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El Gobierno de Guatemala decretó formalmente «el estado de sitio» por un período de 30 días en los departamentos orientales de Zacapa e Izabal. La medida responde al «recrudecimiento de la violencia armada» atribuida a estructuras del narcotráfico que operan en la frontera con Honduras.
Las autoridades gubernamentales señalaron que «la disposición busca restablecer el orden público y proteger a la ciudadanía» tras una serie reciente de crímenes que han conmocionado a la opinión pública. Según el informe presentado, el detonante principal de esta decisión presidencial es el «atentado armado ocurrido en el municipio de Río Hondo».
El incidente sucedió el pasado 6 de noviembre de 2026, cuando el diputado Julio César Portillo Paz y tres agentes de la Policía Nacional Civil, quienes estaban de paso por la zona en el marco del cumplimiento de labores de representación política, fueron interceptados y asesinados por grupos violentos.
El Gobierno de Guatemala informa a la población: https://t.co/fhJhUoWvI7
— Gobierno de Guatemala ???????? (@GuatemalaGob) November 15, 2026
De igual forma, el Ejecutivo recordó en su informe otros incidentes, entre los que mencionó «las recientes masacres» registradas en la región oriental. Señaló que «estas organizaciones criminales representan una amenaza intolerable para la vida, la libertad y la seguridad de los habitantes».
Para hacer frente a la crisis, el ministro de la Defensa Nacional, general de división Henry David Sáenz Ramos, ordenó este 14 de noviembre de 2026 «el despliegue masivo de cientos de elementos militares en coordinación con la policía» con la finalidad de darle cumplimiento inmediato al «Decreto Gubernativo Número 8-2026, que formaliza el estado de sitio en los departamentos de Zacapa e Izabal.
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Según explicó el ministro Sáenz, «las fuerzas conjuntas asumieron el control territorial de los puntos estratégicos para desarticular las redes logísticas vinculadas a cárteles internacionales de la droga». Subrayó que «la presencia castrense» busca inhibir la libre circulación de homicidas y neutralizar las operaciones de grupos armados ilegales.
El Gobierno guatemalteco explicó que, durante la vigencia del régimen de excepción, «el marco legal permite limitar derechos constitucionales fundamentales como la libertad de locomoción y de reunión pública».
Recordó que «las autoridades están facultadas para disolver concentraciones no autorizadas y restringir el porte de armas de fuego en todo el territorio intervenido». Agregó que «el decreto» también estipula «la restricción temporal de ciertas garantías procesales ordinarias para asegurar la detención inmediata de sospechosos vinculados con los crímenes investigados».
Una de las disposiciones más controvertidas faculta a los cuerpos de seguridad para realizar allanamientos en domicilios sin necesidad de una orden judicial previa, aunque desde las fuerzas de seguridad se sostiene que esta prerrogativa se aplicará exclusivamente cuando existan indicios fehacientes de que los presuntos homicidas o armas de fuego se encuentran ocultos en dichos inmuebles.
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El Ejecutivo aclaró que «las actividades culturales, religiosas y deportivas previstas en la región podrán desarrollarse con normalidad».
Asimismo, el documento oficial estableció que «las medidas excepcionales no podrán aplicarse de forma discriminatoria por motivos de etnia, idioma o religión, salvaguardando las festividades locales tradicionales de los departamentos afectados mientras continúan las investigaciones policiales» afirman las autoridades.
Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos manifestaron su «profunda preocupación» ante el alcance de las facultades militares extraordinarias concedidas en ambas regiones. Sectores políticos exigieron «transparencia en los operativos y garantías procesales» para evitar «abusos de poder» contra la población civil no involucrada en actividades ilícitas.
En tanto, las fuerzas gubernamentales mantienen el despliegue en carreteras y comunidades rurales con el propósito de desarticular las redes criminales antes de que concluya el plazo legal establecido por el régimen especial.
SEGURIDAD PARA LOS GUATEMALTECOS???????????? Coordinación entre el Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil es la base del control territorial en el oriente del país. Como parte de #EstadoDeSitio decretado en #Zacapa e #Izabal, el #EjércitoGT instaló puesto de registro en: ???? Puesto de Registro Puente La Majada Para ofrecer a la población un entorno de orden, seguridad y confianza. Control territorial al servicio de la población. Presentes en el territorio. Firmes en el deber. #EjércitoGT #EstamosCumpliendo #PNC
— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) November 15, 2026
La región oriental de Guatemala constituye históricamente un corredor estratégico para el tráfico transnacional de drogas procedente de Sudamérica con destino a Norteamérica. Durante décadas, la porosidad fronteriza con Honduras y la presencia de clanes locales arraigados han facilitado las operaciones de los cárteles internacionales en los departamentos de Zacapa e Izabal.
El Gobierno del presidente Bernardo Arévalo enfrenta presiones políticas y sociales crecientes ante la incapacidad estatal para desmantelar las redes criminales que operan en estas zonas rurales y urbanas.
Autor: teleSUR - dm - JDO
Fuente: Agencias
