Golpe para Milei: Ejecutivo retira capítulo sobre extranjerización de tierras, ¿qué queda?
La decisión se tomó tras el rechazo de gobernadores aliados y de bloques dialoguistas, ante el riesgo de que el oficialismo perdiera la votación en el Senado. El resto del proyecto, con reformas a expropiaciones, desalojos y manejo del fuego, seguirá en debate este jueves.
Organizaciones argentinas convocan este jueves a una movilización frente al Congreso y en plazas de todo el país bajo el lema «La patria no se vende». Foto: EFE
5 de agosto de 2026 Hora: 18:07
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En un duro revés para el Gobierno de Javier Milei, el bloque legislativo de La Libertad Avanza (LLA) decidió este miércoles retirar el capítulo que reformaba la Ley de Tierras Rurales, que elevaba al 25 % el límite de la superficie a nivel nacional y provincial para la venta a extranjeros, en un intento por garantizar el tratamiento este jueves del resto del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La medida fue acordada en una reunión encabezada por la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, con los bloques aliados de la Unión Cívica Radical, el PRO y varias fuerzas provinciales. El oficialismo informó en un comunicado que se resolvió, por consenso, postergar el tratamiento del capítulo referido al régimen de tierras rurales para «continuar trabajando» en el texto y «alcanzar un mayor nivel de consenso».
La decisión se da tras la convocatoria, por parte de un amplio abanico de organizaciones, artistas y dirigentes políticos, de una marcha frente al Congreso de la Nación este jueves para expresar el rechazo al proyecto bajo el lema «La patria no se vende».
Rechazo de gobernadores aliados
El capítulo tres, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, llegó a tener dieciséis versiones distintas y un tope de extranjerización que había sido fijado en 25 %, además de cuatro postergaciones previas de la votación.
El quiebre definitivo se produjo la mañana de este miércoles, cuando los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Misiones, Hugo Passalacqua —todos considerados cercanos al oficialismo— anunciaron públicamente su rechazo al capítulo de tierras. A esa posición se sumaron senadores del radicalismo, la cordobesa Alejandra Vigo, buena parte del bloque peronista y la salteña Flavia Royón, lo que dejó al oficialismo sin los votos necesarios para aprobar ese punto del proyecto.
«De ninguna manera vamos a acompañar la extranjerización de nuestros activos«, había afirmado Figueroa durante un acto en la provincia de Neuquén, mientras que Jaldo sostuvo que se puede invertir en el país, pero no «apropiarse» de las tierras argentinas.
La última versión del texto, previa a su retiro, mantenía la prohibición de que Estados extranjeros compraran tierras rurales, pero habilitaba a personas jurídicas con participación estatal extranjera a adquirirlas con autorización conjunta de la provincia y del Poder Ejecutivo. Ese esquema tampoco alcanzó para destrabar el acuerdo.
Qué cambiaba la ley y qué dicen los especialistas
«¿Para qué necesitamos una ley llamada inviolabilidad de la propiedad privada? Si el artículo 17 de la Constitución Nacional ya dice desde hace 170 años que la propiedad es inviolable. Esa es la primera pregunta que deberíamos hacernos, porque el verdadero debate no está en el nombre del proyecto, está en todo lo que se modifica detrás de ese nombre», cuestionó el abogado Hernán Diego Asensio.
La normativa vigente sobre tierras rurales establece que los extranjeros no pueden poseer más del 15 % del total de la superficie rural a nivel nacional, provincial o municipal, y que un mismo titular extranjero no puede superar las 1.000 hectáreas en la llamada zona núcleo agropecuaria, en el centro-este del país.
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El capítulo que impulsaba el Gobierno eliminaba en su versión original ese tope del 15 %. Sin embargo, ante el rechazo creciente, el Ejecutivo optó por fijar un nuevo límite de 25 % antes de retirar finalmente la propuesta del proyecto a debatir este jueves. La iniciativa original también dejaba sin efecto la prohibición de adquirir tierras ribereñas de cursos de agua permanente o en zonas de frontera, lo que podría poner en peligro la soberanía territorial argentina.
El Observatorio de Tierras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) alertó esta semana que el proyecto pone en riesgo el acceso de la población a los bienes comunes y habilita una lógica de mercado sin suficientes resguardos sobre el territorio.
Según ese organismo académico, en Argentina hay actualmente 13,2 millones de hectáreas —unos 132.000 kilómetros cuadrados— en manos extranjeras, una extensión comparable a la de países como Grecia o Nicaragua. Esto representa casi el 5% del total del país, lejos del tope del 15% que fija la ley vigente.
Durante la gestión de Javier Milei se entregaron 111 certificados de habilitación para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, según datos del Ministerio de Justicia de la Nación. En 2024 se entregaron 35 certificados, mientras que en 2025 fueron 29 y en lo que va de 2026, 47.
Lo que sigue en pie
Con el capítulo de tierras fuera del temario, el oficialismo buscará avanzar este jueves con el resto de la iniciativa, que incluye el endurecimiento de las condiciones para expropiaciones, la agilización de los procedimientos de desalojo, la actualización de la Ley de Manejo del Fuego y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble.
Según el comunicado de LLA, estos capítulos cuentan con «amplio respaldo» entre los bloques del espacio libertario y sus aliados.
Manejo del fuego
La Ley 26.815 vigente prohíbe, en su artículo 22 bis, modificar durante 60 años el uso o destino de bosques nativos, áreas protegidas y humedales afectados por incendios, sean estos intencionales o accidentales. El proyecto original del Gobierno proponía derogar ese artículo, pero durante el debate en comisión esa modificación fue rechazada, por lo que la restricción de 60 años para bosques nativos se mantendría en caso de aprobarse la ley. Sí avanzó, en cambio, la eliminación del plazo de 30 años que impedía modificar el uso o vender tierras agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas de interfaz urbano-rural afectadas por el fuego.
Expropiaciones
El proyecto restringe las expropiaciones por utilidad pública al ampliar los requisitos administrativos que deben cumplir los gobiernos antes de iniciarlas en zonas urbanas, suburbanas o rurales. También encarece las indemnizaciones, ya que incorpora el lucro cesante, fija su valor previo a la intervención estatal y lo actualiza por inflación más una tasa de interés comercial.
Desalojos
La iniciativa busca acelerar los procesos de desalojo mediante una modificación al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que habilitaría ejecuciones anticipadas antes de que exista una sentencia judicial. En los casos de alquileres habitacionales por falta de pago, prevé la posibilidad de iniciar el desalojo a partir de una denuncia, sin una audiencia con derecho a apelación que permita a las familias afectadas ejercer su defensa. La versión original establecía un plazo de tres días para intimar al inquilino antes de iniciar la demanda; en el debate en comisión ese plazo fue extendido a diez días.
La marcha atrás con el capítulo de tierras se suma a otro traspié sufrido esta semana por Sturzenegger, luego de que el Gobierno suspendiera el martes, tras tres días de paro, el decreto que desregulaba la actividad de practicaje en los puertos del país.
La empresa de un senador oficialista
En medio de la tensión por el proyecto, trascendió que el senador libertario Joaquín Benegas Lynch —guitarrista de la banda de Milei y hermano del diputado Bertie Benegas Lynch— es fundador de Global Terra SRL, una firma creada en 2020 junto a su esposa que se dedica a asesorar a inversores extranjeros interesados en comprar y gestionar tierras en la región.
Según su propia presentación institucional, la compañía asegura contar con experiencia en operaciones por más de tres millones de hectáreas en América Latina, con un portafolio que incluye tierras agrícolas, forestales y grandes extensiones protegidas. La información sobre esta sociedad circuló este miércoles entre senadores del bloque radical y fue utilizada como argumento adicional por quienes se oponían al capítulo de extranjerización, en momentos en que crecía el rechazo social al proyecto.
Para este jueves, decenas de organizaciones sociales, sindicatos y artistas convocaron a una movilización frente al Congreso y en plazas de todo el país bajo el lema «La patria no se vende», en rechazo al proyecto de ley.
Autor: teleSUR: JB
Fuente: Página 12 - Tiempo Argentino
