Un operativo coordinado por la Policía Nacional permitió este jueves el desplazamiento de aproximadamente 1.700 personas migrantes desde los asentamientos informales de la playa de El Trampolín, en la ciudad autónoma de Ceuta, hacia instalaciones de acogida temporal.

Según informó la Delegación del Gobierno en esa ciudad autónoma española, ubicada al norte de África, la acción comenzó a las 09H45 hora local y se caracterizó por ser voluntaria y sin incidentes, tras un despliegue policial iniciado a las 07H30 horas para organizar a los afectados, facilitar la recogida de sus pertenencias y conformar los grupos de traslado.

Como medida de prevención ante los altercados registrados en semanas recientes, las autoridades separaron a los desplazados según su origen geográfico.

Las personas de procedencia subsahariana fueron conducidas al recinto de Loma Margarita, situado a menos de un kilómetro del enclave original, para su identificación y asignación en casetas habilitadas. Por su parte, los individuos de origen magrebí fueron dirigidos a pie hacia el área de Embolsamiento de Loma Colmenar, en las inmediaciones de la frontera del Tarajal.

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Para esta etapa inicial, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha acondicionado estos dos espacios con una capacidad conjunta para 1.800 personas. No obstante, el plan global, consensuado entre el Gobierno central y el Ejecutivo ceutí, contempla la utilización de otras infraestructuras como la Hípica, el campo de Montesa número 3 y la explanada de la antigua fábrica de guano. Se proyecta que la capacidad total de los emplazamientos supere las 5.000 plazas a medida que finalicen las obras de adecuación.

El Ministerio reiteró que los traslados se realizan de manera voluntaria y desmintió rumores sobre el colapso de carpas en Loma Colmenar por causas meteorológicas, aclarando que fueron desmontadas preventivamente mientras estaban desocupadas. La logística cuenta con el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y organizaciones del tercer sector, como Engloba y ACCEM.

El desalojo responde a la concentración de más de 3.500 personas en El Trampolín, según estimaciones policiales basadas en los repartos de alimentos de Cruz Roja. Este escenario es consecuencia de la llegada masiva e irregular de unas 80.000 personas desde Marruecos los días 30 y 31 de julio.

Aunque la mayoría retornó, varios miles permanecen en la ciudad en condiciones de precariedad, habitando campamentos improvisados o deambulando por zonas urbanas y montañosas.

Tras el vaciado del área, el Ayuntamiento activó un operativo de limpieza para restablecer las condiciones sanitarias y ambientales del litoral. Sin embargo, las labores tuvieron que ser suspendidas temporalmente debido al regreso de decenas de personas trasladadas, quienes buscaban recuperar objetos personales.

La Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda advirtió que los trabajos de retirada de escombros, cañizos y cartones no se reanudarán hasta que se garantice la seguridad de los operarios, dado que actualmente no hay presencia policial en la zona que respalde la intervención.

La coyuntura ha desencadenado alertas sanitarias y humanitarias. Mientras Cruz Roja distribuye 4.000 comidas diarias con el apoyo de otras ONG, el Consejo General de Enfermería (CGE) denunció un «colapso sanitario sin precedentes» derivado del hacinamiento.

El organismo reportó la aparición de 200 casos de gastroenteritis aguda, 20 de sarna y alrededor de 30 infecciones detectadas en personal militar. Aunque la ministra de Sanidad, Mónica García, rechazó la existencia de un colapso, admitió la sobrecarga del sistema, en un contexto donde los residentes locales expresan preocupación por la inseguridad y la gestión de la crisis.

Un capítulo crítico lo constituye la situación de los menores no acompañados. El Gobierno central gestiona el traslado urgente a la península de 500 niñas para su atención por entidades especializadas, manteniendo la tutela bajo la responsabilidad de Ceuta. La directora de Influencia, Programas y Alianzas de Unicef España, Lara Contreras, calificó de «urgente» la identificación de estos menores, alertando sobre cientos de niños que vagan en condiciones insalubres con necesidades básicas insatisfechas. Hasta la fecha, el Ministerio del Interior ha logrado identificar a 2.168 menores de edad.

Esta medida ha generado un choque político con el Gobierno local de Ceuta, que negó haber recibido la propuesta de traslado de las 500 niñas y exigió el retorno inmediato a Marruecos de todos los migrantes en situación irregular, incluyendo a los menores. Las autoridades ceutíes argumentan que la ciudad, con una capacidad ordinaria de acogida de apenas 29 plazas, atiende actualmente a unos 1.350 niños migrantes, lo que genera una presión estructural insostenible sobre los servicios públicos.

En respuesta, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, tildó de «barbaridad» cualquier propuesta de deportación de menores, subrayando que la legislación española y europea exige que los retornos sean estrictamente voluntarios y cuenten con todas las garantías legales.

Ante la complejidad del escenario, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, afirmó que la seguridad fronteriza debe ser gestionada exclusivamente por España y Europa, sin depender de terceros países como Marruecos. En consecuencia, reclamó de forma insistente la presencia de Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) en el enclave para asumir el control de la crisis y restablecer la normalidad institucional y social en la ciudad.

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