Clínicas y sanatorios de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Chubut suspenderán a partir del próximo lunes 24 de agosto toda la atención a los afiliados del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), una medida inédita que afecta a unos 300.000 jubilados de la Patagonia argentina. La decisión implica el cese de consultas, prácticas, estudios e internaciones, con la única excepción de las urgencias extremas.

Las instituciones sanitarias señalan que la medida responde al ajuste impulsado por el Gobierno de Javier Milei, ejecutado a través del Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones. «Esto no pasó nunca, ni en 2001», expresó el dueño de un sanatorio de la región, en referencia a la gravedad de la coyuntura que atraviesa el sistema de salud y tomando como referencia la crisis política, económica y social que provocó la renuncia del expresidente Fernando de la Rúa.

Según detallaron prestadores, el PAMI representa entre el 25% y el 55% de los servicios de estas instituciones. Desde junio ya aplicaban restricciones parciales como demoras en guardias, freno en derivaciones y postergación de cirugías programadas. El corte del 24 de agosto marcará la primera interrupción total de cualquier tipo de prestación.

El reclamo central se centra en la falta de actualización de los aranceles frente a la inflación. En lo que va de 2026, el índice de precios acumula un 19,3%, mientras que el Gobierno nacional acordó un incremento del 6% para los prestadores de PAMI, que recién se hará efectivo en octubre.

Aunque se informó que el ministro Lugones habría destrabado un 1,9% adicional, hasta el momento no se conocieron novedades. A esto se suman demoras de más de 90 días en los reintegros.

El dueño de un sanatorio describió a medios locales la situación: «Solo el material descartable cuesta más caro que lo que paga PAMI. A eso habría que sumarle los honorarios del médico, enfermera, quirófano, material descartable, comida, cama». Asimismo, cuestionó la postura del Ejecutivo nacional: «Al Gobierno no le importa. Quieren que las prestaciones las pague la gente, pero por ley no pueden hacerlo, entonces no hace nada. Nunca viví un mecanismo tan ridículo y tan dogmático de funcionamiento».

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Sobre el impacto en los usuarios, agregó: «Algunos profesionales dejaron de atender, entonces los afiliados de PAMI solo pueden ir a las urgencias. Es una situación muy perversa».

Desde las asociaciones médicas de la región sostienen que el sistema está «al borde del colapso» y que ya no pueden sostener los costos básicos de funcionamiento. Los prestadores afirman que intentaron negociar con el organismo sin obtener resultados y no descartan que otras provincias se sumen al corte si no hay una recomposición inmediata de los valores.

Desde PAMI aseguraron que están trabajando en una solución y que el objetivo es normalizar la atención a la brevedad. Sin embargo, los afiliados de la región quedaron en una situación de incertidumbre y deben recurrir a los hospitales públicos, que ya operan al límite de su capacidad.

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