El Gobierno del presidente Rodrigo Paz aprobó un decreto supremo para ampliar por 90 días el estado de excepción, que diversos sectores sociales bolivianos denuncian como un mecanismo directo para criminalizar las protestas, movilizaciones y vigilias territoriales en rechazo a las medidas neoliberales implementadas por la administración derechista.

La norma, justificada por el poder Ejecutivo como necesaria ante la persistencia de «factores de riesgo» y amenazas de movilizaciones, fue remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), instancia que debe definir en un plazo de 72 horas y por mayoría absoluta si avala o rechaza la continuidad de esta disposición excepcional, la cual concluiría inicialmente el próximo 18 de septiembre tras cumplir sus primeros tres meses de vigencia.

Desde el Gabinete, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, defendió la necesidad de prorrogar el decreto para mantener el control ante el descontento popular, mientras que de manera paralela la comisión de Constitución y Justicia Plural de la Cámara de Diputados aceleraba un proyecto de resolución bajo el argumento de preservar la supuesta «reactivación» económica del país.

Sin embargo, las organizaciones sindicales y populares sostienen que el trasfondo de esta normativa es frenar el descontento generalizado frente a las políticas del Ejecutivo, señalando que el estado de excepción busca criminalizar las protestas sociales, movilizaciones y vigilias territoriales desatadas en todo el territorio nacional.

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Entre los principales detonantes de este rechazo ciudadano figuran la profunda indignación por el alza en los precios del diésel, la drástica pérdida de ingresos que golpea a las familias bolivianas y el clima de hostigamiento marcado por la persecución política contra dirigentes sindicales y líderes sociales opositores.

El conflicto latente tiene antecedentes recientes muy intensos, marcados por las masivas protestas de mayo y junio impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz, las cuales incluyeron bloqueos de carreteras que dejaron un saldo de 16 fallecidos, severos problemas de desabastecimiento y pérdidas superiores a los 3.000 millones de dólares.

Ante este panorama de tensión, la oposición política también ha manifestado sus reparos; por un lado, el senador Milton Quispe de la alianza Unidad analiza los plazos legislativos, mientras que el expresidente Jorge Tuto Quiroga alertó que la medida podría retrasar reformas constitucionales orientadas a captar inversión extranjera.

Finalmente, mientras el oficialismo insiste en que existe un supuesto «consenso ciudadano» para avalar la prórroga, las bases sociales ratifican que mantendrán su resistencia en las calles y regiones contra un modelo económico que consideran lesivo y frente a un régimen que responde a los reclamos populares mediante la restricción de garantías constitucionales.

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