En un intento por aplacar la escalada de protestas de los estudiantes secundarios en Francia que exigen al Gobierno mejores condiciones educativas, el ministro de Educación, Édouard Geffray, anunció este jueves la incorporación de 3.000 profesores suplentes entre este viernes y el martes de la semana próxima, junto con contrataciones adicionales y la posibilidad de extender el horario lectivo.

Las medidas, consideradas por las organizaciones estudiantiles como insuficientes para suspender sus reclamos, se dio a conocer al cierre de una nueva jornada de movilizaciones en varias ciudades del país, salpicada por enfrentamientos de los manifestantes con la policía, represión y actos de vandalismo como el saqueo de un instituto en Burdeos.

Según el Ministerio del Interior, las manifestaciones registradas este jueves congregaron a 71.500 participantes a nivel nacional (24.500 en París), una cifra inferior a las masivas marchas de días previos, pero con un repunte en los niveles de violencia urbano y un saldo de 504 detenciones y 48 policías heridos.

En la capital, el cierre de la protesta en la plaza de la Bastilla derivó en cargas policiales, el uso de gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a la multitud.

El descontento en los liceos del país ha desencadenado episodios violentos registrados en distintas localidades. Entre los hechos destacan los daños materiales en un instituto de Lormont, valorados por su director en hasta 200.000 euros, irrupciones vandálicas en comedores escolares en Saint-Étienne, agresiones a directivos y docentes en Toulouse, Bayona y Saint-Chamond, además de la hospitalización de un policía en Reims tras ser impactado por un proyectil.

También se conoció la suspensión del jefe de la Policía Municipal de Port-de-Bouc tras ser filmado intentando arrollar a un grupo de estudiantes el pasado 2 de octubre.

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La semana pasada, los sindicatos de educación secundaria de Francia rechazaron los hechos de violencia. Voceros estudiantiles señalaron que intentan vincularlos con los grupos violentos con el fin de deslegitimar sus reclamos, y enfatizaron que los responsables de los disturbios operan de manera ajena e independiente a sus movilizaciones.

La crisis en el sector educativo, que comenzó a mediados de septiembre y afecta a 2.7 millones de estudiantes de secundaria, ha dejado un balance de al menos 6.600 detenciones, más de 700 agentes de seguridad heridos y unos 200 manifestantes lesionados, entre los que destacan casos graves de adolescentes con secuelas permanentes.

En los últimos días, la respuesta de las fuerzas del orden ha generado denuncias por el uso desmedido de la fuerza para disolver las concentraciones estudiantiles. Las intervenciones de los gendarmes han dejado varios adolescentes con lesiones de gravedad, entre las que destacan tres casos específicos: un manifestante que perdió la visión de un ojo, otro que sufrió fracturas faciales severas y un tercero que sufrió la amputación de una mano cuando intentó agarrar una granada policial.

Esta situación ha llevado a madres y padres a sumarse a las marchas para respaldar el reclamo de sus hijos y velar por su protección en las calles.

La representación estudiantil, encabezada por la vocera de la Unión Estudiantil, Sabrine Kharbach, exige una inversión concreta de 10.000 millones de euros para mejorar las condiciones de estudio y asegura que la lucha ha alcanzado el respaldo de universitarios, docentes, agricultores y bomberos.

Los sindicatos estudiantiles y profesionales ya fijaron una nueva jornada nacional de movilización para el martes 13 de octubre, a la que se sumará otra gran convocatoria con llamado a huelga impulsada por los principales sindicatos de Francia para el 5 de noviembre.

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Los educandos de secundaria reclaman la sustitución de profesores ausentes, la cobertura de puestos vacantes de asistentes y enfermeras, la renovación de instalaciones deterioradas y la reducción de clases saturadas.

Además, protestan contra la presión asociada al sistema Parcoursup (utilizado para acceder a la educación superior), y medidas como la reducción de cupos en facultades y la congelación de las ayudas personales para la vivienda (APL) previstas en el proyecto de presupuesto para 2027.

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