El Consejo Electoral Provisional （CEP）de Haití extendió hasta el 31 de octubre el plazo de inscripción de candidaturas y pospuso sin fecha definida el arranque de la campaña de las fuerzas políticas. La decisión congela las elecciones en Haití, presidenciales y legislativas, que debían celebrar su primera vuelta el 13 de diciembre.

El organismo suspendió las fases iniciales del calendario electoral y postergó la etapa de proselitismo por tiempo indeterminado. La segunda ronda, pautada para el 21 de febrero de 2027, queda atada a una reestructuración completa del cronograma.

De acuerdo con la información divulgada por el CEP, el 31 de octubre es el único plazo que se mantiene firme por ahora. Ni la contienda ni las dos vueltas tienen un día nuevo asignado, y el ente no adelantó cuándo se difundirá la programación reformulada.

La medida es el reflejo de una realidad que se impone desde hace años en el país caribeño, donde las bandas armadas controlan más del 80% de Puerto Príncipe, la capital. Ese dominio territorial se traduce en homicidios, desplazamientos forzados, secuestros y reclutamiento coercitivo de menores. El ente alega que, en esas condiciones, abrir centros de votación o desplegar personal electoral resulta materialmente imposible.

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Haití no organiza comicios generales desde 2016. El magnicidio de Jovenel Moïse en julio de 2021 terminó de desmontar el andamiaje institucional que aún quedaba en pie.

Desde entonces, la nación caribeña carece de un presidente constitucional y de un Parlamento operativo. El país funciona bajo la gestión de consejos transitorios no electos, que no han conseguido pacificar el territorio ni devolverle al Estado el monopolio de la fuerza, a convocatoria electoral era, hasta ahora, la única vía institucional para recomponer ese orden.

El aplazamiento indefinido profundiza esa crisis de legitimidad. Las estructuras comunitarias, sin instituciones que las respalden, enfrentan a diario el asedio de las pandillas y las secuelas de una emergencia humanitaria que no da tregua.

Ese control define la vida cotidiana en la capital y sus alrededores. Familias enteras huyen de sus barrios ante la amenaza constante, y los más jóvenes quedan expuestos a redes que los reclutan por la fuerza. En ese escenario, cualquier intento de organización electoral sobre el terreno tropieza con la misma violencia que desgarra los hogares.

Los sectores trabajadores y del transporte informal de Puerto Príncipe denunciaron la desconexión entre los anuncios políticos y la realidad del país. Antes de cualquier convocatoria a las urnas, reclamaron que se frene la violencia paramilitar y se atienda la inseguridad alimentaria que golpea a las mayorías.

El congelamiento electoral alcanza también a la renovación legislativa. Sin un Parlamento operativo desde 2021, la nación sigue atrapada en un ciclo de transiciones que no desemboca en autoridades surgidas del voto popular.

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