Abelardo de la Espriella llegó a la Casa de Nariño con un modelo de Gobierno de ultraderecha que cambia el debate por la puesta en escena. Boris Duarte, analista político colombiano, lo describe en entrevista exclusiva con teleSUR. «Lo que tenemos en Colombia es un fenómeno muy similar a lo que hemos tenido en otros países como El Salvador o Argentina, donde el Ejecutivo ha preferido reemplazar el discurso argumentado, las razones, por el show y la gestión de sentimientos». Un libreto que la región ya conoce, ahora con actores propios.

En Buenos Aires y en San Salvador ese libreto ya se ensayó, y el resultado se mide hoy en desmonte institucional. Duarte lo enmarca dentro de una corriente en que la administración del Estado se confunde con la administración de emociones colectivas. «A la hora de operacionalizar las políticas públicas, la realidad suda y es diferente», resume el analista. El espectáculo funciona en tarima; en el despacho ministerial hacen falta presupuesto, marcos legales y mayorías parlamentarias que De la Espriella no tiene.

El sistema presidencialista colombiano otorga al ejecutivo amplias prerrogativas legislativas, pero las leyes estatutarias y las normas que tocan derechos fundamentales exigen aprobación del Congreso, donde De la Espriella no tiene mayoría. Ahí está el primer obstáculo concreto de su programa.

Duarte es tajante. «En el Congreso el Ejecutivo no tiene mayoría y vamos a tener un debate muy intenso, unas tensiones muy intensas entre el Ejecutivo y el Legislativo«. Cada reforma estructural que prometió en campaña deberá pasar por ese filtro o quedará en decreto precario, vulnerable ante los tribunales.

La verdad del conflicto, primera víctima anunciada en Colombia

El conflicto armado interno es, según Duarte, el punto donde el programa de De la Espriella genera mayor alarma. El presidente electo planteó una estrategia de guerra arrasada, un enfoque que el analista califica de reduccionista y que otros mandatarios ya ensayaron con resultados catastróficos. «Eso nos ha dejado más de 10 millones de víctimas, por lo menos ocho millones de víctimas de desplazamiento, afectando no solamente a esas generaciones, sino a las generaciones futuras», precisa.

Ocho millones de desplazados son una fractura demográfica y cultural que atraviesa tres generaciones y que ninguna operación militar logró cerrar.

El tribunal surgido del acuerdo de paz con las extintas FARC queda, en ese esquema, bajo amenaza directa. Duarte lee la guerra arrasada como un mecanismo de impunidad disfrazado de política de seguridad. «Una política de guerra arrasada lo único que busca es evitar que los actores comparezcan ante la justicia y cuenten la verdad al país». La macrocriminalidad, sus patrones y sus responsables políticos quedarían en la sombra mientras el ruido de los bombardeos ocupe el lugar del relato.

Diversas organizaciones sociales y políticas de Colombia, anunciaron la conformación de un frente de acción coordinada para rechazar lo que consideran posibles retrocesos en materia de derechos. pic.twitter.com/P9QO3vToCj

— teleSUR Colombia (@teleSURColombia) August 6, 2026

Circunscribir esa historia a una frontera sería un error, según Duarte. El conflicto colombiano exige una atención diversa, multidimensional; reducirlo a una operación militar elimina la posibilidad de una solución política negociada. «Es un discurso que nos plantea como otrora otros presidentes que ya lo plantearon y fracasaron», insiste. La referencia a mandatarios que prometieron paz por la vía del plomo y dejaron millones de desplazados funciona como advertencia documentada.

Colombia: educación disciplinada, salud privatizada

Una ministra sin trayectoria en problemáticas educativas ni compromiso con la investigación científica llegó al frente de la educación pública y encendió las alarmas del sector académico. Es, para Duarte, el segundo frente de desmonte en Colombia.

«No hay una apuesta del desarrollo de la ciencia y la tecnología del país, sino un condicionamiento, un disciplinamiento y una reducción del sistema público de educación», advierte. El control apunta a universidades y centros de investigación, no a una reforma pedagógica.

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A la salud le tocó un nombramiento parecido. De la Espriella entregó el ministerio a una representante del gremio de las EPS, las entidades que en Colombia convirtieron la atención médica en un negocio financiero.

Duarte no ataca a la persona designada, sino al sector que la respalda. «Se le entregó la salud a uno de los gremios que más oposición hizo a la idea y la noción del derecho a la salud». El nuevo Gobierno de Colombia entiende la salud como mercado, no como garantía constitucional.

Pensiones y salario mínimo, en la fila

El sistema pensional y el aumento progresivo del salario mínimo, que permitió a los trabajadores recuperar poder adquisitivo bajo el Gobierno saliente, entraron también en la mira. Ambos mecanismos enfrentan una revisión que podría revertir esas conquistas. Duarte los suma al mapa de riesgos, junto a la educación, la salud y el conflicto. Cuatro o cinco frentes donde lo público cede espacio frente al interés privado o la lógica autoritaria.

Ni siquiera la prensa tradicional, que acompañó discursos de mano dura durante la campaña, escapará a esa tensión. Forma parte de la matriz liberal capitalista y necesita estabilidad regulatoria para operar. Duarte anticipa choques también con ella. «Va a haber tensiones, va a haber choques», adelanta. El nuevo Gobierno no garantiza esa estabilidad, y su lógica de confrontación permanente erosiona los acuerdos tácitos que sostienen el funcionamiento institucional.

El programa de De la Espriella no inventa nada, dice Duarte. Recicla fórmulas que Colombia ya pagó con millones de desplazados, con una educación pública debilitada y con un sistema de salud que privilegió la rentabilidad sobre la vida. Lo que cambia es la escenografía. El show reemplaza al argumento, la gestión de emociones sustituye a la política pública y la imagen ocupa el lugar del debate legislativo.

«El discurso del presidente electo es un discurso sumamente reduccionista», cierra Duarte. El Salvador y Argentina transitan el mismo camino con actores distintos; Colombia ya lo recorrió y lo pagó con 10 millones de víctimas y una verdad que todavía no se cuenta.

El espectáculo, esa fórmula que el nuevo presidente elevó a programa de gobierno, tiene un costo que no aparece en los discursos. Lo pagan los desplazados, los pacientes sin cobertura, los campesinos, los estudiantes sin ciencia y las generaciones que crecerán sin saber quiénes los victimizaron.

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