El Parlamento de Chile aprobó este martes el proyecto Escuelas Protegidas, un proyecto de ley para endurecer las penas contra delitos cometidos en colegios, iniciativa impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast. La medida enfrenta un fuerte rechazo opositor por criminalizar a los menores de edad y vulnerar la igualdad constitucional.

El estatuto suspende por un lapso de cinco años el beneficio de educación gratuita superior para aquellos jóvenes condenados por delitos que atenten contra la vida, la integridad física, la indemnidad sexual o la propiedad pública y privada. La ministra de Educación defendió la inhabilitación alegando la necesidad de proteger los entornos educativos de la delincuencia.

Con 105 votos a favor y 46 en contra, el parlamento despachó la iniciativa impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast. El proyecto contó con el respaldo de la coalición oficialista de extrema derecha, la derecha tradicional, el Partido de la Gente y la Democracia Cristiana, pasando ahora al palacio de La Moneda para su promulgación presidencial.

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La nueva legislación faculta a directores, profesores e inspectores a examinar mochilas, bolsos y bolsillos de los estudiantes. No obstante, el Congreso rechazó la propuesta oficialista de revisar directamente las vestimentas de los escolares; la ley final aclara que el propio alumno deberá exhibir sus pertenencias a requerimiento de la autoridad. Asimismo, se prohíbe portar prendas que cubran el rostro en los planteles.

Parlamentarios de la oposición presentaron una reserva de constitucionalidad tras argumentar que el estatuto vulnera los derechos de niños y adolescentes, además de quebrar el principio de igualdad ante la ley.

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El diputado comunista Luis Cuello aseveró que la normativa criminaliza a la juventud y evade resolver las causas estructurales de la violencia.

El Ejecutivo diseñó este proyecto jurídico luego de una agresión ocurrida a finales de marzo en la ciudad de Calama, ubicada a 1.500 kilómetros al norte de Santiago, donde un joven de 18 años asesinó con un arma blanca a una trabajadora de la educación y causó heridas a otras cuatro personas en un colegio local. La Fiscalía catalogó el hecho como el primer caso de Violencia Escolar Dirigida en la nación suramericana.

Esta modalidad delictiva responde a agresiones extremas y planificadas dentro de planteles, donde estudiantes atacan a miembros específicos de la comunidad académica.

De acuerdo con los datos oficiales expuestos ante el Congreso, más de la mitad de las escuelas y colegios del territorio chileno reportaron denuncias policiales durante el año 2025, lo que aceleró la discusión de esta polémica herramienta penal.

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