El líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales Ayma, denunció de forma pública la existencia de un plan coordinado desde el Poder Ejecutivo de Bolivia para ejecutar su detención ilegal y posterior entrega a Estados Unidos.

Durante una alocución, el exmandatario alertó de que el Gobierno de Rodrigo Paz abrogó normativas previas para impulsar una propuesta legislativa que atenta contra los derechos humanos, señalando que «la Ley 1341 garantizaba la vida, los derechos», pero que la actual iniciativa en la Asamblea Legislativa Plurinacional «otorgará licencia para asesinar».

Morales dijo que las pretensiones oficiales buscan criminalizar la protesta socialy subrayó que la nueva ley representa una «licencia para matar abiertamente» bajo un esquema de total impunidad.

Revelaciones sobre el plan de captura Delta Ñ

Con respecto al complot en su contra, el exmandatario reveló detalles de los operativos internos, precisando que «el plan del Gobierno mediante Delta Ñ es cómo llevar a Evo Morales a Estados Unidos».

Según los datos suministrados por el dirigente, las instrucciones del ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, fijaron plazos perentorios al declarar en reuniones de gabinete: «Conmigo Evo hasta el 13 de junio, detenido o muerto».

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Morales repudió que altas autoridades del Gobierno civil y militar estructuren rutas de traslado desde el aeropuerto de Viru Viru hacia Buenos Aires o Lima con destino final en Washington, lo que constituiría una extradición forzada del primer presidente indígena del Estado Plurinacional.

Movimientos sociales de Bolivia defienden los recursos naturales

Los movimientos sociales y las organizaciones originarias campesinas han respaldado la denuncia y dado detalles técnicos sobre las operaciones de inteligencia que se ejecutan en la región del Trópico de Cochabamba.

Los voceros populares informaron que el plan Delta Ñ es coordinado directamente por el coronel Edson Rojas y el mayor Ayala con el apoyo político de agencias estadounidenses.

La dirigencia obrera y campesina ratificó que el verdadero objetivo de estas maniobras de persecución y secuestro contra líderes sociales es desarticular la resistencia de las comunidades para facilitar el saqueo de los recursos naturales de Bolivia, apuntando específicamente al control del litio por parte de las potencias hegemónicas.

Mas de 70 puntos de bloqueo paralizan las carreteras

En este contexto de alta tensión política, las medidas de presión popular se intensificaron en todo el territorio nacional de Bolivia, con un total de 74 puntos de bloqueo de carreteras en cinco departamentos, al cumplirse 35 días de protesta social.

El mapa de transitabilidad oficial confirmó que las regiones de Cochabamba y La Paz se mantienen como las zonas más afectadas, con 19 cortes de ruta cada una, seguidas por Potosí y Oruro, mientras las bases movilizadas exigen la liberación inmediata de los dirigentes detenidos y el cese de la persecución judicial, pese a los intentos del Ejecutivo por contener las protestas mediante propuestas de diálogo condicionadas.

Ante el incremento de las movilizaciones populares, la Cámara de Senadores instaló una sesión bajo la modalidad híbrida para iniciar el tratamiento del polémico proyecto de Ley de Regulación de los Estados de Excepción enviado por el presidente Rodrigo Paz.

La sesión legislativa, que declaró un cuarto intermedio para retomar los debates en horas de la tarde, es vista por las bancadas populares como una herramienta de represión militarizada, aun cuando el vocero presidencial, José Luis Gálvez, declaró que la prioridad de la Administración sigue siendo el diálogo, admitiendo simultáneamente que la aprobación de la norma dotará al Gobierno de un recurso legal definitivo para decretar la excepción en los territorios movilizados.

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