Estados Unidos puso en vigor este miércoles 22 de julio un arancel adicional del 25% sobre exportaciones brasileñas, en medio de una escalada de tensiones comerciales que podría extenderse si Washington concreta nuevos gravámenes. La medida afecta a cerca de 3.000 productos y surge tras una investigación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, la USTR, con base en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

El gobierno de Donald Trump sostuvo que Brasil habría adoptado prácticas que “perjudican o restringen” el comercio con Estados Unidos. Brasil, en cambio, rechaza esas justificaciones y considera que la decisión responde a motivaciones políticas.

Productos excluidos

De acuerdo con la información, más de 2.000 productos brasileños quedaron fuera del arancel por ser considerados estratégicos para la economía estadounidense o porque Estados Unidos no produce cantidades suficientes. Entre ellos figuran petróleo crudo, granos de café, aeronaves, carne de res, celulosa, jugo de naranja, arrabio, ferroniobio, medicamentos, componentes electrónicos y diversas materias primas.

En contraste, maquinaria industrial, maquinaria agrícola, neumáticos, azúcar, etanol, tabaco, madera, calzado, papel y algunos productos de aluminio sí quedaron sujetos a la nueva tasa. Esta combinación de exenciones y afectaciones hace que el impacto no sea uniforme sobre el comercio bilateral.

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Impacto económico y sectores más expuestos

La Confederación Nacional de la Industria estima que el gravamen alcanzará exportaciones brasileñas por alrededor de 11 mil millones de dólares, equivalentes al 26,2% de las ventas dirigidas al mercado estadounidense. Más del 60% de esos embarques corresponde a bienes intermedios utilizados por fabricantes de Estados Unidos, lo que también podría elevar costos para empresas norteamericanas.

El Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios señaló que el arancel afectará al 18% de las exportaciones brasileñas hacia Estados Unidos según datos de 2024, por un valor de 7.400 millones de dólares. Si se toman los datos de 2025, la proporción baja al 15%, equivalente a 5.800 millones de dólares. Además, el gobierno brasileño indicó que el 57% de los productos exportados al mercado estadounidense permanecerá libre de aranceles.

Entre los sectores más expuestos aparecen la industria maderera, minerales no metálicos, productos químicos, alimentos, vehículos, celulosa, papel y maquinaria. En el agro, la Confederación Brasileña de Agricultura y Ganadería calcula un impacto anual de R$ 4.600 millones, equivalente al 36,5% de las exportaciones del sector a Estados Unidos.

Las empresas brasileñas también expresaron preocupación por la pérdida de competitividad, la reducción de inversiones y el posible efecto sobre el empleo. Al mismo tiempo, el Gobierno brasileño intenta contener el impacto con reuniones con sectores afectados y con un paquete de apoyo aún en preparación.

La investigación de la USTR

La decisión se originó en una investigación de la USTR bajo la Sección 301, mecanismo que permite examinar prácticas de otros países consideradas perjudiciales para el comercio estadounidense. En su informe, la agencia describió como “irracionales” o “restrictivas” varias políticas brasileñas y sostuvo que podrían “perjudicar o restringir” el comercio bilateral.

Entre los puntos mencionados figuran el sistema de pago PIX, la regulación de plataformas digitales, los aranceles comerciales concedidos por Brasil a socios como México e India, el mercado del etanol, la lucha contra la corrupción, la protección de la propiedad intelectual, la lucha contra la piratería, las demoras en el análisis de patentes y la deforestación ilegal. La tasa entró en vigor incluso después de audiencias públicas donde representantes de la sociedad civil de ambos países se pronunciaron en contra.

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Respuesta de Brasil

Durante las negociaciones, los representantes de Estados Unidos manifestaron su descontento con el avance de las conversaciones. Del lado brasileño, los negociadores calificaron las exigencias estadounidenses como “muy malas y perjudiciales” para la industria y la agricultura, y señalaron falta de claridad sobre los pedidos de Washington ha dificultado el avance de las conversaciones, generando un escenario de incertidumbre que obstaculiza posibles acuerdos entre ambas naciones.

Diversas voces dentro de Brasil consideran que la postura de Washington no responde únicamente a criterios económicos, sino que también estaría influenciada por motivaciones políticas, en un contexto marcado por la proximidad de las elecciones generales previstas para octubre en el país.

El gobierno brasileño calificó la decisión como un “hito lamentable” en la relación bilateral. El vicepresidente Geraldo Alckmin dijo que la medida es “injusta e injustificada” y afirmó que Brasil “no ha abandonado la mesa de negociaciones”. Por su parte, el canciller Mauro Vieira sostuvo en una carta dirigida a Jamieson Greer que la administración de Trump no consiguió sustentar técnicamente sus señalamientos y que la investigación fue “arbitraria” y parte de una política de “presión económica generalizada”.

En tanto, en el ámbito económico, el ministro de Hacienda, Darío Durigan, descartó la posibilidad de represalias, al señalar que Brasil continuará defendiendo su soberanía y su institucionalidad democrática frente a cualquier forma de injerencia externa.

Especialistas en comercio internacional han advertido que el uso de mecanismos unilaterales por parte de Washington contribuye a debilitar las normas multilaterales construidas durante décadas en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

En ese sentido, el profesor de Derecho Internacional de la Universidad de São Paulo, Paulo Borba Casella, afirmó que Estados Unidos ha debilitado deliberadamente el sistema de solución de controversias de la OMC, al bloquear la designación de jueces en su Órgano de Apelación, lo que —a su juicio— evidencia una estrategia de “chantaje tarifario” que prioriza la presión económica sobre el diálogo diplomático y vulnera principios fundamentales del comercio internacional.

Ley de reciprocidad

Tras la confirmación del arancel, el Palacio de Planalto inició los trámites para invocar la Ley de Reciprocidad Económica, aprobada por el Congreso Nacional y promulgada por el presidente Luis Inácio Lula da Silva, en 2025. La norma permite al gobierno adoptar medidas frente a países que impongan barreras comerciales, legales o políticas a Brasil.

Aun así, no se anunciaron medidas concretas basadas en esa ley. Según funcionarios brasileños, una respuesta inmediata podría provocar una nueva reacción de Estados Unidos y un aumento de los aranceles, en una lógica similar a la disputa comercial entre Washington y China. Alckmin insistió en que la eventual aplicación de la ley no debe leerse como represalia y afirmó que la reciprocidad busca “corregir” el daño.

Escenario abierto y el riesgo de nuevos gravámenes

El Ejecutivo brasileño evalúa líneas de crédito para empresas afectadas, flexibilización temporal de mecanismos tributarios para exportadores, incentivos para preservar el empleo y acciones para diversificar mercados. También se estudian apoyos a la mezcla de fertilizantes, inversiones a través del Plan Brasil Soberano y medidas de mantenimiento del trabajo.

ApexBrasil prepara además un programa de diversificación de mercados con inversión de R$ 130 millones, orientado a ampliar destinos de exportación y aprovechar oportunidades del acuerdo Mercosur-Unión Europea. En paralelo, la agencia acelera misiones comerciales hacia India, México, Japón, Singapur y otros mercados asiáticos.

El conflicto podría agravarse con un nuevo paquete de tarifas que Washington evalúa para cerca de 60 países donde está incluido la nación sudamericana por presunto uso de trabajo forzado. El Gobierno de Brasil informó que sigue de cerca la investigación impulsada por la USTR sobre presuntas irregularidades en los mecanismos de inspección de productos vinculados a trabajo forzoso, una medida que podría derivar en la imposición de un arancel adicional del 12,5% a exportaciones brasileñas.

De concretarse esta decisión, y ante la incertidumbre sobre si dicho recargo se sumará al arancel del 25% que entra en vigor este miércoles, algunos productos del país suramericano podrían enfrentar gravámenes de hasta el 37,5%, en un escenario que profundizaría las tensiones comerciales bilaterales, mientras Washington se prepara para anunciar su resolución en los próximos días.

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