La Defensoría del Pueblo de Colombia exhortó este domingo al presidente Abelardo de la Espriella a no medirse con organizaciones armadas en el nivel de crueldad exhibido tras la reciente escalada de enfrentamientos en el país, luego de que el mandatario difundiera un video donde camina entre cadáveres embolsados de presuntos disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

«El Estado y el Gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel. No pueden disputar con los grupos armados quién produce más miedo, quién humilla más al adversario o con quién convierte la muerte en demostración de poder», aseveró la defensora del Pueblo, Iris Marín, en una alocución compartida en la red social X.

El Estado y el Gobierno no pueden entrar en una competencia por demostrar quién puede ser más cruel. Precisamente porque es el Estado, su actuación tiene límites.

Enfrentar militarmente a los grupos armados ilegales y proteger a la población es un deber constitucional. Pero… pic.twitter.com/bNq3L0VnUe

— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) September 6, 2026

La funcionaria cuestionó directamente las imágenes emitidas tras una operación militar efectuada la semana pasada en el departamento del Guaviare, en la que cayeron muertos 23 presuntos combatientes. «Nuestro país lleva décadas enfrentando diferentes ciclos de conflictos armados y criminalidad organizada. Sin embargo, no recuerdo haber visto a un presidente caminando entre los muertos y sintiéndose orgulloso de esas muertes», añadió Marín.

El jefe de Estado ha reiterado su línea de contención enfocada en la fuerza militar, descartando la postura de su antecesor de acudir a las mesas de negociación con agrupaciones al margen de la ley. «La paz verdadera se construye con la fuerza de las armas y las leyes de la República», afirmó de la Espriella, al prometer derrotar al crimen organizado «por la razón o por la fuerza».

Recientes incursiones militares

En medio del recrudecimiento de las acciones bélicas, el mandatario confirmó el fallecimiento de al menos siete integrantes del Estado Mayor Central (EMC) durante combates registrados en El Peñol, departamento de Nariño.

«En las últimas 24 horas, siete narcoterroristas del frente Franco Benavides del Estado Mayor Central, de las disidencias de las FARC, murieron en desarrollo de operaciones militares en El Peñol, Nariño, y cinco personas fueron capturadas», informó el presidente a través de sus canales oficiales.

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El Ministerio de Defensa reportó 12 personas heridas en la maniobra, junto a la incautación de un fusil M4, una pistola, ocho granadas artesanales, 946 cartuchos de diversos calibres, pancartas informativas y cuadernos con apuntes de inteligencia.

Balance de seguridad y denuncias sobre bajas de menores de edad

Las fuerzas de seguridad desmantelaron cinco laboratorios de pasta base de cocaína e incautaron más de 1.000 galones de insumos líquidos y 175 kilos de materia sólida en la última jornada.

Igualmente confiscaron 6.000 mililitros de ketamina y 600 mililitros de fentanilo, a la par de la intervención de siete unidades productivas y siete dragas destinadas a la minería ilegal.

De acuerdo con las cifras oficiales divulgadas por de la Espriella, desde el inicio de su gestión el pasado 7 de agosto se han realizado «14.914 capturas, 49.379 kilos de estupefacientes incautados, 1.485 armas de fuego fuera de circulación y 1.320,9 hectáreas de coca erradicadas», señalaron las cifras oficiales.

⚖️ La Defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín Ortiz, criticó la difusión de la "Operación Hazarías" en Guaviare. #Colombia #teleSUR #6Sep pic.twitter.com/3Vsjye35R4

— teleSUR TV (@teleSURtv) September 6, 2026

La política de «mano dura» aplicada en el territorio colombiano ha detonado alertas por el impacto en la población civil y menores de edad. A finales de agosto, un bombardeo ejecutado en el Guaviare contra disidencias de las FARC causó la muerte de diez personas, entre las cuales se identificaron tres adolescentes: dos de 15 años y uno de 16 años,  razón por la cual el Juzgado Tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare ordenó al presidente Abelardo de la Espriella y al Ejército Nacional abstenerse de bombardear objetivos de grupos armados ilegales si existen reportes o indicios sobre la presencia de menores de edad en el área.

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