Las tensiones en la ciudad autónoma española de Ceuta se desbordaron tras registrarse violentos ataques contra asentamientos de migrantes africanos en la playa del Trampolín y la playa de Benítez.

Grupos de manifestantes irrumpieron en las zonas donde pernoctan entre 500 y 1.000 extranjeros indocumentados parte de los miles que ingresaron de forma irregular a la ciudad, quemando sus refugios e impidiendo con bloqueos de carretera que convoyes de la Cruz Roja distribuyeran alimentos y ayuda humanitaria.

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Los altercados requirieron la intervención de las fuerzas de seguridad, que debieron proteger a los trabajadores de la Cruz Roja tras sufrir insultos y bloqueos por parte de los manifestantes.

En paralelo, reporteros y equipos de televisión nacional fueron agredidos físicamente, perseguidos y hostigados mientras cubrían las protestas, hechos que generaron la condena unánime de las autoridades y de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) en defensa de la libertad de prensa.

La jornada estuvo marcada por una alta confrontación política internacional y nacional. El expresidente del Gobierno español, José María Aznar, visitó la ciudad para manifestar su respaldo a los reclamos vecinales, siendo increpado por sectores de la población que defendieron la gestión del Ejecutivo central.

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Por su parte, ministros del Gobierno de Pedro Sánchez como Fernando Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres repudiaron las agresiones, señalando a discursos ultras por propiciar la violencia, mientras que voceros de la oposición acusaron al Gobierno central de pasividad ante la crisis.

Ante la persistencia de los disturbios y el clima de crispación, el Ministerio del Interior anunció una solicitud de fondos a la Unión Europea por 35,6 millones de euros para reforzar la infraestructura fronteriza, extender los espigones de El Tarajal y Benzú, e instalar contenciones marítimas permanentes.

La iniciativa busca contener la presión migratoria en el enclave y mitigar el impacto social sobre una población local fuertemente desbordada. Por su parte, Organizaciones no gubernamentales y entidades de auxilio local advierten que las condiciones de habitabilidad de los menores de edad son precarias, reportando que buena parte de la población infantil apenas accede a una ración alimenticia al día.

Las plataformas humanitarias urgen al Gobierno de España a coordinar una respuesta de emergencia para mitigar la vulnerabilidad de estos niños y niñas, señalando el peligro inminente de que sean interceptados o captados por redes dedicadas a la trata de personas y la explotación sexual.

La parálisis en los trámites administrativos de filiación y la prolongada estancia de los migrantes en recintos temporales exacerban el descontento popular en la ciudad. Pese a los llamamientos a la tranquilidad emitidos por el Gobierno de Ceuta y el Ejecutivo central, mensajes de contenido xenófobo impulsados por sectores de ultraderecha han desencadenado episodios directos de agresividad urbana.

La escalada de violencia contra la población migrante y los equipos de socorro mantiene en alerta a las fuerzas de seguridad, mientras las administraciones evalúan fórmulas legales para agilizar los traslados y el retorno de las personas en situación irregular.

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