El Ministerio Público de Bolivia evalúa la admisión de una denuncia formal por presunto enriquecimiento ilícito interpuesta contra María Elena Urquidi Barbery, esposa del presidente Rodrigo Paz. El recurso, presentado ante la Fiscalía de Santa Cruz por el jurista Lucas Torres, solicita indagar aparentes irregularidades en la contratación, importación y venta de combustibles, así como transacciones asociadas a seguros y oro.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, comunicó que una comisión de analistas examinará los elementos señalados para resolver en un plazo de 24 horas si la acción penal es admitida, observada o desestimada.

La denuncia tomó como base las revelaciones hechas por la abogada Nadia Beller, quien solicitó su inclusión en el programa de protección a testigos tras ser víctima de un atentado con arma de fuego, referidas a supuestas operaciones anómalas en el rubro hidrocarburífero vinculadas a su expareja, el consultor argentino Fernando Cerimedo, ahora detenido en Bolivia y bajo investigación por enriquecimiento ilícito, feminicidio en grado de tentativa, violencia familiar y doméstica contra Beller y protección a vuelos irregulares vinculados al narcotráfico.

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El abogado Lucas Torres aclaró que no aporta pruebas materiales directas en su escrito, pero sostuvo que las aseveraciones de Beller obligan a la intervención de la justicia para deslindar responsabilidades legales o sancionar un eventual encubrimiento.

Desde el centro penitenciario de Palmasola (departamento de Santa Cruz, este), donde cumple prisión preventiva por tentativa de feminicidio, Cerimedo —quien fungía como asesor de Rodrigo Paz— difundió un pronunciamiento a través de su defensa técnica en el que desmarcó a la esposa del mandatario de cualquier conducta al margen de la ley.

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Cerimedo afirmó que su labor de asesoría no le otorgaba atribuciones para actuar a nombre de la familia presidencial y calificó las sindicaciones como maniobras de sectores opositores para afectar la estabilidad del Gobierno boliviano. Paralelamente, la situación jurídica de Cerimedo sumó complicaciones en el ámbito internacional tras conocerse un fallo del Juzgado Comercial Nº 14 de Argentina.

La magistratura judicial de ese país ordenó la inhibición general de bienes del consultor y de su firma publicitaria Numen, tras una demanda ejecutiva impulsada por el Banco Galicia, entidad que reclama el cobro de un pagaré pendiente de pago respaldado por la empresa por un monto superior a los 90.000 dólares entre capital e intereses.

Por su parte, la Fiscalía de Bolivia anunció que formalizará la imputación contra Cerimedo por el presunto delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, y solicitó una medida de detención preventiva por seis meses en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro (cerca de La Paz).

La comisión fiscal del caso, encabezada por el fiscal Miguel Cardozo, se trasladó desde La Paz hasta Palmasola, Santa Cruz, para tomar declaración formal a Cerimedo, jornada en la que el imputado mantuvo una postura evasiva según los reportes oficiales.

El proceso contra Cerimedo se inició de oficio por la Fiscalía Especializada en Delitos Anticorrupción, tras desencadenarse su aprehensión el pasado 17 de agosto por su presunta implicación en un atentado con sicarios contra su expareja, la abogada Nadia Beller.

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