Gobierno de Perú renueva estado de emergencia para frenar criminalidad

Quedan suspendidos derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal, autorizándose intervenciones y detenciones policiales sin orden judicial.

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el Ejecutivo dispondrá un patrullaje disuasivo permanente a pie y motorizado en puntos como estaciones de transporte público, mercados y centros comerciales. Foto: EFE.


28 de agosto de 2026 Hora: 12:30

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A solo un mes de haber asumido la conducción del Estado peruano, el Gobierno de Keiko Fujimori declaró este viernes 28 de agosto por un período de 60 días el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. La medida busca desplegar patrullajes militares contra la delincuencia, pese al escepticismo de sectores que cuestionan la eficacia de la estrategia y recuerdan que las declaratorias de emergencia anteriores no lograron frenar la violencia ni los homicidios en el país.

Bajo el amparo del estado de emergencia, quedan suspendidos en ambas jurisdicciones derechos constitucionales fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal, autorizándose intervenciones y detenciones policiales sin orden judicial previa.

La disposición oficializada mediante el Decreto Supremo N° 123-2026-PCM ratifica la continuidad del control de la seguridad implementado en gestiones anteriores. Tras el vencimiento del estado de emergencia previo el miércoles 26 de agosto, la norma extiende el régimen aplicado desde 2025, estableciendo que la Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno con el respaldo operativo de las Fuerzas Armadas.

La norma responde a informes de inteligencia policial que alertan sobre la grave perturbación del orden social causada por mafias dedicadas al sicariato y al cobro de cupos, cuyos ataques violentos han tenido como blanco recurrente a los transportistas urbanos.

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En el marco del plan operacional de control territorial, el Ejecutivo dispondrá un patrullaje disuasivo permanente a pie y motorizado en puntos como estaciones de transporte público, mercados y centros comerciales.

Se dispondrá también la creación del Comando de Coordinación Operativa Unificada, encabezado por el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, e integrado por altos mandos del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Ciudadana y la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

Adicionalmente, el texto normativo estipula que las actividades y eventos públicos de carácter masivo deberán tramitar obligatoriamente un permiso de evaluación ante las autoridades competentes, mientras que las reuniones de menor magnitud podrán desarrollarse sin dicho requerimiento previa supervisión.

El ministro del Interior, César Astudillo, respaldó la medida al precisar que el estado de excepción permitirá dar continuidad ininterrumpida a las intervenciones conjuntas del personal policial y militar.

Además, el titular del sector confirmó que el Poder Ejecutivo presentará formalmente ante el Congreso de la República un pedido de facultades legislativas con la finalidad de otorgar un marco normativo que amplíe la participación de las Fuerzas Armadas en la vigilancia de penales y el resguardo de las zonas fronterizas del país.

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Respecto a la eventualidad de una moción de interpelación promovida en contra por la Cámara de Diputados ante la crisis de inseguridad, el ministro Astudillo enfatizó que «la Cámara de Diputados está en su derecho constitucional de hacerlo». Manifestó además su disposición para acudir al hemiciclo a exponer los indicadores de gestión y las líneas de acción que su sector viene ejecutando en la lucha contra el crimen organizado.

La medida adoptada por el Gobierno ha generado cuestionamientos por parte de analistas y expertos en seguridad ciudadana y crimen organizado, quienes enfatizan que las declaraciones de emergencia reiteradas no han logrado reducir la tasa delictiva en más de dos décadas.

El especialista Josué Corcuera advirtió sobre el peligro de caer en improvisaciones al militarizar la seguridad sin contar con un rumbo claro a largo plazo, lo que genera incertidumbre e insatisfacción en la ciudadanía.

En esa misma línea crítica, el experto en seguridad ciudadana, Frank Casas, remarcó que el estado de emergencia por sí solo no ha cambiado la violenta realidad del país.

De acuerdo con el Sistema Nacional Informático de Defunciones (Sinadef), los índices de criminalidad continúan imparables, en lo que va del presente año ya se contabilizan 1.191 homicidios a nivel nacional —más de la mitad de los 2.251 registrados en todo 2025—, con una concentración crítica de violencia en regiones como Lima, La Libertad, Callao, Ica y Piura.

Frente a la exigencia del 59 por ciento de la población peruana que demanda priorizar la lucha contra la delincuencia —según datos del Instituto de Estudios Peruanos (IEP)—, el Gobierno de Keiko Fujimori ha planteado una estrategia basada en cinco ejes centrales para contener el avance delictivo durante el quinquenio 2026-2031.

El primer pilar determina que las Fuerzas Armadas asuman temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad durante los estados de emergencia hasta restablecer la autoridad estatal en las zonas afectadas.

El plan gubernamental contempla adicionalmente la modernización tecnológica de la Policía Nacional mediante la implementación de sistemas de videovigilancia e inteligencia artificial, combinada con una persecución estratégica a las estructuras económicas y fuentes de financiamiento de las mafias de extorsión, sicariato, narcotráfico y minería ilegal. Asimismo, tolerancia cero frente a policías vinculadas al delito y fortalecimiento y ampliación de las unidades de flagrancia.

Autor: teleSUR: ig - RR

Fuente: Agencias