El Gobierno de Estados Unidos sancionó nuevamente a la Relatora Especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, tras ubicarla en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro. La funcionaria de Naciones Unidas ha denunciado sistemáticamente los crímenes de guerra de Israel y el genocidio perpetrado en la Franja de Gaza.

Después de una semana de haberla retirado de los Nacionales Especialmente Designados (DSN), el Gobierno vuelve a congelar sus cuentas bancarias en Estados Unidos, además de restringir su ingreso al país. Las medidas fueron activadas nuevamente en el sistema de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

El 13 de mayo, un tribunal federal de Washington suspendió temporalmente esta sanción, que incluía su ingreso al país, considerando que posiblemente eran una restricción inconstitucional que atentaba contra la libertad de expresión.

La resolución llegó tras el fallo del juez federal Richard Leon, quien bloqueó de manera provisional las sanciones al considerar que estas “probablemente” vulneraban el derecho a la libertad de expresión de la funcionaria de la ONU, en el contexto de sus críticas al exterminio de la entidad sionista en la Franja de Gaza.

La familia de Albanese, radicada en Estados Unidos, había denunciado las medidas impuestas por el presidente de EE.UU., Donald Trump, considerando que la relatora se había visto limitada en su vida personal, sin poder acceder a su hogar en Washington, donde vive su hija, quien es ciudadana estadounidense.

«Anatomía de un genocidio»: las denuncias constantes de Albanese

La Administración Trump impuso sanciones contra Albanese en julio de 2025 bajo el programa de medidas vinculadas a la Corte Penal Internacional (CPI). Esto tuvo lugar luego de que la relatora publicara el informe «Anatomía de un genocidio» (2024) y se manifestara en contra del asedio de Israel sobre Gaza, donde más de 70.000 palestinos han sido asesinados.

En su informe, advirtió sobre una «limpieza étnica» y la «economía del genocidio». Desde el inicio de su mandato en 2022, la experta ha afirmado que no ha podido entrar en Gaza o Cisjordania ocupada.

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Albanese pidió investigar los crímenes de guerra cometidos por autoridades israelíes y estadounidenses, razón por la cual Washington presionó y acusó a la experta de la ONU de promover acciones contra aliados y funcionarios de EE.UU. ante tribunales internacionales.

La relatora especial presentó un informe este mes sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, en el que investiga la maquinaria empresarial que sustenta el proyecto colonialista israelí de desplazamiento y sustitución de la población palestina en el territorio ocupado.

En dicho documento Albanese precisó que “mientras los líderes políticos y los gobiernos eluden sus obligaciones, son demasiadas las entidades empresariales que se han beneficiado de la economía israelí basada en la ocupación ilegal, el apartheid y, ahora, el genocidio. La complicidad que pone de manifiesto el informe es solo la punta del iceberg; no será posible ponerle fin sin exigir responsabilidades al sector privado, incluidos sus ejecutivos”.

Agregó que “el derecho internacional reconoce distintos grados de responsabilidad, cada uno de los cuales requiere un escrutinio y una rendición de cuentas, especialmente en este caso, en el que están en juego la autodeterminación y la propia existencia de un pueblo. Este es un paso necesario para poner fin al genocidio y desmantelar el sistema global que lo ha permitido”.

Según la Oficina de Medios del Gobierno, las fuerzas israelíes han cometido 3.005 violaciones del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza desde su implementación hace 227 días, incluyendo bombardeos, ataques directos contra civiles, disparos y recurrentes incursiones en zonas residenciales.

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