En medio de una rebelión contra el modelo neoliberal que va para un mes, la Central Obrera Boliviana (COB) emitió un contundente comunicado dirigido al presidente Rodrigo Paz Pereira en el que exige su dimisión y llama a los sectores populares a mantenerse movilizados hasta derrotar los intentos de restaurar el Estado neocolonial.

La declaración de la COB fue difundida a través de medios comunitarios bolivianos. A través de ella, el gremio expresó al mandatario: «¡Basta de mentiras, basta de engañar al pueblo boliviano!», mientras se registran 77 puntos de bloqueo en seis departamentos del país y la jornada 28 de protestas que afectan el abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustible.

La organización sindical señaló a Paz que «el hambre, la desesperación y el abandono ya no pueden ocultarse detrás de discursos vacíos» y afirmó que las bases obreras, pueblos indígenas, madres trabajadoras, jóvenes y el pueblo unido tienen una sola consigna: «¡Su renuncia!». Además, la COB reiteró su llamado a la unidad, organización y movilización permanente de todos los sectores sociales.

Según el Mapa de Transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), el jueves se registró una de las jornadas con mayor cantidad de bloqueos, con 22 en el departamento La Paz —mantienen cercadas las ciudades de El Alto y La Paz—, 16 en Cochabamba y 15 en Potosí. Oruro, Chuquisaca y Santa Cruz reportaron 13, diez y tres, respectivamente.

En el caso de Chuquisaca, los bloqueos mantienen un cerco en la ciudad de Sucre que impide la importación y exportación, así como la salida de buses, según la Policía local.

La situación se agrava con el paro indefinido del transporte en el departamento de La Paz, que se suma a los bloqueos liderados por campesinos y la COB. En El Alto y La Paz se reporta escasez de alimentos, medicamentos, combustible y oxígeno para hospitales. En Cochabamba, las medidas de protesta se incrementaron debido a un inusual apagón registrado la noche del miércoles, lo que puso en alerta a la población del Trópico ante la posibilidad de un intrusión policial para detener al expresidente Evo Morales.

El Gobierno intentó abrir un corredor humanitario el pasado sábado para el ingreso de alimentos, pero no logró su cometido debido a enfrentamientos con los movilizados. Autoridades nacionales y subnacionales buscan instalar el diálogo con los sectores en conflicto; sin embargo, los principales promotores de las movilizaciones no han asistido a estas convocatorias.

Este jueves fue convocado un nuevo encuentro entre sectores sociales y el Gobierno para consolidar un diálogo; sin embargo, los movilizados no asistieron porque existen órdenes de aprehensión contra sus dirigentes. La reunión convocada por la Vicepresidencia fue declarada en cuarto intermedio, debido a la inasistencia de sectores cuya condición para dialogar es el levantamiento de dichas órdenes.

«La COB, la Federación Túpac Katari, Bartolina Sisa, Magisterio y otros sectores que están movilizados, no han asistido porque el requisito que ellos exigen es que los mandamientos de aprehensión en contra de sus dirigentes queden sin efecto», afirmó el vicepresidente Edmundo Lara.

La autoridad explicó que una de las alternativas planteadas es que, para viabilizar el diálogo, el Ministerio de Gobierno desista de la denuncia contra Mario Argollo, ejecutivo de la COB, y otros líderes.

Asimismo, señaló que el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, se comprometió a realizar gestiones ante el Ejecutivo y aseguró que los sectores movilizados también solicitaron la presencia del presidente Rodrigo Paz en una eventual reunión.

La representante de Derechos Humanos de El Alto, Virginia Ugarte, confirmó que la reunión ingresó en cuarto intermedio sin fecha definida para reinstalarse y tomó contacto con un representante de la COB, quien reiteró el pedido de dejar sin efecto los mandamientos de aprehensión.

Por su parte, el senador José Manuel Ormachea informó que el documento firmado por los asistentes plantea una pausa humanitaria para permitir el abastecimiento de alimentos y combustible. La senadora Claudia Mallón, de APB-Súmate, afirmó que retirar la acusación contra Argollo podría abrir un «diálogo sincero y real».

Mientras tanto, representantes de la Iglesia Católica, Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos, Vicepresidencia y legisladores anunciaron que continuarán reuniéndose para intentar destrabar el conflicto.

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