Un grupo de 18 imputados por el asesinato del mandatario haitiano Jovenel Moïse compareció este lunes ante un tribunal federal de Miami.

La operación de extradición de los 18 implicados en el asesinato del expresidente haitiano Jovenel Moïse fue coordinada el pasado domingo 20 de septiembre por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y las autoridades haitianas. La jueza Lisette Reid asignó defensores públicos y fijó el calendario de comparecencias para formalizar las acusaciones.

Entre los extraditados figuran 17 exmilitares colombianos señalados como parte del comando ejecutor y el exfuncionario del Ministerio de Justicia de Haití, Joseph Badio, considerado uno de los cerebros operativos de la conspiración.

La fiscalía federal del Distrito Sur de Florida imputa a los procesados delitos pesados del fuero federal que conllevan penas de hasta cadena perpetua.

Los delitos imputados incluyen conspiración para secuestrar o asesinar a un líder extranjero fuera de territorio estadounidense y prestación de apoyo material que resultó en la muerte del mandatario.

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Investigaciones del FBI revelaron que los conspiradores habrían desviado fondos de programas federales de auxilio económico destinados a pequeñas empresas por la pandemia para financiar la logística, la compra de equipamiento y el pago de los mercenarios.

Las indagaciones señalan que el plan buscaba derrocar a Moïse e instaurar en la presidencia al pastor haitiano-estadounidense Christian Sanon. A cambio, Sanon se habría comprometido a adjudicar millonarios contratos de seguridad e infraestructura a empresas asentadas en el sur de Florida.

Con la llegada de este grupo, el caso en Florida suma 30 acusados formales dentro del mismo expediente. Nueve implicados ya han sido condenados por la justicia estadounidense.

Cinco cumplen cadena perpetua tras declararse culpables y cuatro más fueron hallados culpables por un jurado en mayo, incluidos los directivos de las firmas de seguridad involucradas en el financiamiento y logística.

Las autoridades de EE.UU. ejercieron jurisdicción territorial dado que la planificación, la compra de pertrechos y las transacciones financieras para consumar el ataque se fraguaron en el sur de Florida.

El Ministerio de Justicia de Haití confirmó que entregó a los detenidos a la justicia estadounidense ante las dificultades operativas y la falta de garantías en los tribunales locales, donde la violencia criminal desatada tras el magnicidio mantiene al país sumido en una profunda crisis de gobernabilidad.

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