Más de 25 mil personas han sido deportadas por Estados Unidos en virtud de acuerdos secretos con 35 países para recibir a migrantes que no tienen vínculos con esas naciones, según una investigación publicada este lunes. Desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero de 2025, firmó acuerdos con países en desarrollo para recibir a migrantes que no pueden ser enviados legalmente de regreso a sus lugares de origen.

La investigación de la entidad sin ánimo de lucro Forbidden Stories reveló que el gobierno destinó 410 millones de dólares para ser entregados directamente a los países receptores o a organismos de la Organización de las Naciones Unidas para facilitar las deportaciones. Al menos 25 mil 447 personas fueron deportadas a terceros países hasta el 31 de agosto de 2026, según datos recopilados por la citada organización junto con un consorcio de periodistas internacionales.

La gran mayoría -unas 20 mil- fueron enviadas a México, mientras que el resto fue distribuido entre otros 27 países de América Latina, África y el Pacífico. Además se firmaron acuerdos con otros siete países, que varían, incluso en cuanto a las nacionalidades de las personas que pueden ser deportadas y si pueden ser aceptadas personas con antecedentes penales.

Además el reporte, publicado este lunes, arroja luz sobre las condiciones de los acuerdos que EE.UU. ha alcanzado con decenas de países para que acepten recibir a personas deportadas que no son ciudadanas de esos Estados, y que suelen conocerse como “nacionales de terceros países”.

Deportados arrojados a un limbo legal

Una investigación de la prensa internacional publicada a principios de este año reveló que Washington está utilizando prohibiciones de visas y restricciones contra países africanos para presionarlos a aceptar deportados. Abogados afirman que los deportados estaban siendo arrojados a un limbo legal, retenidos sin cargos en países con los que no tienen vínculos y donde cuentan con pocos derechos, si es que tienen alguno.

Forbidden Stories detalló que 49 de los 54 países de África habían sido contactados para evaluar si aceptarían deportados de terceros países. Una división poco conocida del Departamento de Estado, la Oficina de Remigración -creada en mayo de 2025-, gestionó la mayoría de las negociaciones y los pagos, según la misma fuente. Esta oficina está dirigida por Christian Jove Ehrhardt, un diplomático de 41 años que anteriormente trabajó como oficial de seguridad.

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El informe detalla sus visitas a Camerún, país que en diciembre firmó un memorando de entendimiento con Estados Unidos para aceptar deportados. Una semana después, también firmó un programa de asistencia sanitaria de cinco años por un valor de casi 400 millones de dólares.

Al mes siguiente, el Departamento de Estado indicó que proporcionaría otros 30 millones de dólares a la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Camerún para «facilitar el retorno voluntario de refugiados y combatir la inmigración ilegal». El primer avión con deportados llegó a Camerún el 14 de enero.

Acuerdos y pagos directos a gobiernos

Palau, pequeña nación insular del Pacífico con una población de menos de 18 mil habitantes, firmó en diciembre de 2025 un acuerdo para aceptar hasta 75 ciudadanos de terceros países a cambio de 7.5 millones de dólares. En Esuatini, 32 personas llegaron desde julio de 2025, de un total potencial de 160 contemplado en un acuerdo valorado en más de 5 millones de dólares. Según la investigación, el país aceptó deportados con antecedentes penales.

De los 410 millones de dólares previstos para los acuerdos, documentos internos del Departamento de Estado mostraron que 81 millones de dólares estaban destinados a los gobiernos signatarios. El resto estaba destinado a organizaciones de ayuda, incluidos más de 178 millones de dólares para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU y 123 millones de dólares para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

???? Migrantes deportados por EE.UU. a República Centroafricana pidieron ayuda para retornar. Un hondureño y varios cubanos viven sin documentos en un hotel de Bangui y temen por sus vidas. Son los únicos latinos entre 36 deportados.#teleSUR #EEUU #Migración #África #12Ago pic.twitter.com/4W7r0KNC5O

— teleSUR TV (@teleSURtv) August 12, 2026

Las agencias enfrentan críticas por su participación, aunque Acnur afirmó a Forbidden Stories no ser parte de los acuerdos bilaterales y que los fondos estadunidenses se utilizaban de acuerdo con su mandato para fortalecer los sistemas de asilo. Un portavoz de la OIM detalló a Forbidden Stories que las decisiones de la agencia de aceptar fondos se basaban «en una sola pregunta: si nuestra participación mejorará la vida de los migrantes afectados. En estos casos, creemos firmemente que así es».

 La Casa Blanca, en respuesta a la investigación, defendió la política y señaló que las personas enviadas a terceros países son migrantes cuyos países de origen se niegan a readmitirlas. Asimismo, aseguró que entre ellas se encuentran personas con órdenes de expulsión que habían solicitado no ser devueltas a sus países de origen.

Deportaciones y muertes bajo custodia en la mira

Estas deportaciones han sido motivo de preocupaciones y advertencias por parte de Naciones Unidas. El pasado mes de julio, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió a Estados Unidos que rindiera cuentas por el aumento de las muertes de migrantes bajo custodia, y que detuviera las deportaciones hacia países donde las personas pudieran sufrir “daños irreparables”.

“Insto a Estados Unidos a detener el retorno de personas a lugares donde podrían sufrir daños irreparables, incluido Haití, y a garantizar el debido proceso en todas las expulsiones a terceros países”, señaló Türk durante su discurso de apertura del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. También indicó que sólo en el pasado mes de junio, al menos “cuatro personas más han muerto bajo custodia migratoria en Estados Unidos, para un total de 23 muertes solo en 2026”.

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La deportación a terceros países forma parte de una política migratoria más amplia impulsada por Trump desde su regreso al poder. Su Gobierno ha convertido el aumento de las detenciones y deportaciones en una de sus principales prioridades, y ha buscado ampliar los mecanismos internacionales que permiten ejecutar las expulsiones.

La organización Human Right Watch (HRW) señaló que como parte de esta estrategia, Estados Unidos ha enviado a nacionales de terceros países a Estados como Costa Rica, El Salvador, Esuatini, Guinea Ecuatorial, Ghana, Guatemala, Honduras, Panamá, Ruanda, Sudán del Sur, Uzbekistán y Polonia, entre otros.

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En consonancia con los hallazgos de la investigación publicada este lunes, HRW reportó previamente que México ha sido uno de los principales destinos. De igual forma, El Salvador se convirtió en uno de los casos más controvertidos después de que Estados Unidos enviara en marzo de 2025 a cientos de venezolanos, al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Defensores y organizaciones de derechos humanos han denunciado abusos relacionados con estas transferencias.

Estas organizaciones también cuestionan la falta de transparencia de muchos de estos acuerdos y las garantías procesales ofrecidas a las personas deportadas. HRW sostiene que los migrantes deben tener la posibilidad de conocer el país al que serán enviados y plantear ante un juez posibles temores de persecución, tortura o muerte antes de que se ejecute la expulsión.

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