El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador enfrenta nuevas denuncias de sectores opositores que exigen la revocatoria del mandato del presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta María José Pinto González-Artigas, al considerar que no representan los intereses del pueblo, que traicionaron los programas de gobernanza que expusieron durante su campaña y que mantenerlos en el poder agudizaría la crisis integral que afecta a ese país.

La plataforma ciudadana Revoca EC informó que analiza los fundamentos legales de una resolución emitida horas atrás por el CNE, que resolvió archivar los pedidos de revocar a ambos funcionarios y negar la entrega de formularios a los promoventes para la recolección de firmas e iniciar el proceso de revocatoria.

Revoca EC anunció que recurrirá a acciones jurídicas para revertir la decisión. Sus representantes sostienen que la negativa del organismo “no se encuentra en firme” y que con ello se vulneran los derechos de participación ciudadana, además de afectar principios básicos de las sociedades democráticas.

La figura de la revocatoria está reconocida por la Constitución ecuatoriana. Se trata de una herramienta de control ciudadano sobre funcionarios electos mediante voto popular.

Los impulsores de la revocatoria denunciaron la falta de transparencia en el proceso y señalaron que aún no han tenido acceso a la documentación entregada por el Ejecutivo como parte de su defensa. También adelantaron que, una vez concluido el análisis jurídico, convocarán a una rueda de prensa para anunciar las medidas legales que presentarán dentro de los plazos establecidos.

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Nuevas protestas en Ecuador por revocatoria contra Noboa

El pasado martes, integrantes de Revoca EC se manifestaron frente a la sede del CNE en Quito para exigir que se avance con el trámite. La jornada coincidió con la resolución del organismo electoral que negó la primera solicitud, aunque permanece pendiente otro pedido de revocatoria respaldado por la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), junto a otras organizaciones sindicales y sociales.

La controversia refleja el creciente descontento ciudadano hacia la actual administración y abre un nuevo capítulo en el debate sobre los mecanismos de control democrático en el país.

Ecuador hace frente a una crisis de carácter integral. Un efecto combinado de las medidas neoliberales y el desfinanciamiento de actividades estratégicas ha generado menos ingresos, empleos precarizados y más pobreza. La crisis sanitaria golpea en particular a los servicios públicos y a los sectores más vulnerables.

Otro asunto que suscita gran preocupación es la inseguridad y el avance del crimen organizado. El país va camino a su segundo año más violento. Entre enero y mayo de 2026, registró un total de 3.485 homicidios intencionales. Durante el primer cuatrimestre se documentaron los asesinatos de 205 menores de edad, incluidos 194 adolescentes de entre 12 y 17 años.

Ello a pesar de la militarización de la seguridad por Noboa, quien también encara una crisis carcelaria y se ha visto salpicado por cuestionamientos debido a casos de corrupción en el Gabinete y presuntos vínculos con el narcotráfico.

Durante sus campañas a la Presidencia, Noboa recalcó que pondría en práctica medidas para atenuar o solucionar estas situaciones, pero el actual panorama pone en tela de juicio las medidas aplicadas. En paralelo, organizaciones opositoras denuncian que el oficialismo ha desatado una campaña para proscribir políticamente a voces críticas a través de la persecución judicial.

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