Una jornada nacional de acción fue convocada para el próximo sábado 18 de julio en todo Estados Unidos, con movilizaciones previstas en distintas ciudades para denunciar las muertes vinculadas a las redadas y controles de tráfico del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como exigir el fin del uso de la fuerza contra las comunidades migrantes.

La convocatoria cobra singular importancia tras el asesinato de Joan Sebastian Guerrero, ciudadano colombiano de 26 años que falleció el pasado lunes por disparos de un agente del ICE durante un operativo en Maine. El crimen ocurrió pocos días después del fallecimiento de Lorenzo Salgado Araujo, mexicano baleado durante un control de tráfico realizado por agentes migratorios en Houston, Texas.

Horas atrás trascendió que murió un migrante venezolano que estaba bajo custodia del ICE, el número 22 en lo que va de año. De acuerdo con organizaciones sociales, al menos 52 personas han muerto bajo custodia de la agencia represiva durante el segundo mandato de Donald Trump. A finales de junio, la agencia detuvo a más de 10.000 personas en apenas cinco días como parte del endurecimiento de la política migratoria estadounidense.

Los asesinatos a sangre fría de Guerrero y Salgado Araujo provocaron protestas en distintas ciudades del país: miles de personas se movilizaron en Houston tras la muerte de este, mientras que, tras conocerse del tiroteo en Maine, manifestantes salieron a las calles de Biddeford —escenario del crimen de Guerrero— para rechazar al ICE y su campaña para aterrorizar a migrantes y comunidades.

También en Biddeford, los manifestantes se dirigieron hacia la oficina de la senadora republicana Susan Collins, quien emitió el voto decisivo en el Senado para aprobar un paquete de financiación de 70.000 millones de dólares durante tres años destinado al ICE y la Patrulla Fronteriza.

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Organizaciones de derechos migratorios han cuestionado las explicaciones ofrecidas por las autoridades tras ambos casos y señalan que los agentes recurren repetidamente a los mismos argumentos para justificar el empleo de fuerza letal, al asegurar que las víctimas intentaron escapar o representaban una amenaza, pese a que imágenes difundidas públicamente han puesto en duda esas versiones. Similar pretexto citaron cuando el ICE asesinó a inicios de enero, en Minnesota, a Renee Nicole Good.

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El Partido por el Socialismo y la Liberación denunció a través de la red social X que estas muertes «no son accidentales», sino consecuencia directa de la ofensiva impulsada por la administración Trump contra las comunidades inmigrantes trabajadoras “una guerra que ahora exige a los agentes detener a 2.000 personas al día”.

La organización responsabilizó también a los legisladores que aprobaron mayores recursos para la agencia. «Puede que ICE haya apretado el gatillo, pero fueron ellos quienes les entregaron las armas», afirmó el grupo.

Asimismo, señaló que tras las protestas y huelgas registradas en Minnesota contra la denominada Operación Metro Surge, el ICE intentó reducir su exposición pública, aunque posteriormente retomó sus operaciones con nuevas estrategias y un mayor respaldo financiero.

El Partido por el Socialismo y la Liberación afirmó además que una amplia parte de la población estadounidense rechaza la campaña racista de deportaciones impulsada por Trump y llamó a fortalecer la movilización para reclamar «justicia, igualdad y plenos derechos para todos los inmigrantes».

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