Diversas organizaciones y familiares de las víctimas del régimen de Dina Boluarte han convocado a movilizaciones por justicia y reparación para los días 26, 27 y 28 de julio, fechas que coinciden con la juramentación de Keiko Fujimori.

Los convocantes exigieron al Estado garantías para el respeto de los derechos constitucionales durante las protestas, advirtiendo que «no vamos a permitir que se siga derramando sangre del pueblo».

Tras el golpe parlamentario contra el expresidente Pedro Castillo, miles de peruanos se movilizaron en defensa de la democracia y contra la asunción de Dina Boluarte como mandataria de facto. Organizaciones nacionales e internacionales documentaron el asesinato de civiles por las FF.AA. y la Policía durante esas protestas, en las que también se exigió la liberación de Castillo, la dimisión del Congreso y la convocatoria a una asamblea constituyente que elabore una nueva Constitución, defensora de los derechos del pueblo y no de las élites beneficiadas por las políticas neoliberales y el fujimorismo.

Por su parte, el excandidato presidencial de la izquierda, Roberto Sánchez, calificó de ilegítimo al Gobierno que asumirá al frente del país tras los recientes comicios, en que a pesar de numerosas irregularidades fue declarada vencedora y presidenta Fujimori. Días atrás, Sánchez anunció la creación de un frente patriótico orientado a recuperar la democracia y convocó a movilizaciones pacíficas para respaldar a los ciudadanos y cuadros directivos que enfrentan denuncias penales. Estas coincidirán con la fecha de las fiestas patrias (28 y 29 de julio).

LEA TAMBIÉN:

Izquierda de Perú convoca a movilizaciones para recuperar la democracia

Sánchez denunció falta de transparencia en el conteo del voto en el exterior y anunció que acudieron a instancias internacionales para interponer una demanda. Aunque alcanzó 9 millones 173 mil 755 sufragios, fue superado por un estrecho margen, pese a ganar el 50,08 % de los sufragios válidos en el territorio nacional y en 16 de las 24 regiones.

La plataforma de izquierda ratificó su negativa a dialogar con Fujimori sin condiciones previas. Entre sus demandas centrales exigen la liberación del expresidente Castillo y la derogación de las normativas conocidas como «leyes pro crimen».

Asimismo, demandaron la creación de una Comisión de la Verdad para investigar las 50 muertes registradas durante las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023, con el fin de sancionar a las autoridades que consintieron el uso desproporcionado de la fuerza.

LEA TAMBIÉN:

Perú: Congreso aprueba polémicas leyes sobre delitos de lesa humanidad y fuero militar

Un punto crucial de la movilización es exigir al Ejecutivo que se abstenga de promulgar la ley de fueros policiales y militares. Sánchez advirtió que trasladar el juzgamiento de efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas a tribunales militares genera un escenario de impunidad, una postura que también ha sido rechazada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A nivel local, la Asamblea Regional del Cusco convocó a una jornada de protesta para el miércoles 22 de julio. La organización, conformada por federaciones campesinas, juveniles, agrarias y universitarias, cuestionó la legitimidad del proceso electoral y rechazó la proclamación de Fujimori.

Además, exhortó a los senadores y diputados elegidos por la región a defender sus demandas en el periodo legislativo 2026-2031. Ante este anuncio, el jefe de la Región Policial del Cusco, general Virgilio Velásquez Hurtado, declaró que la fuerza pública garantizará que las marchas se desarrollen pacíficamente y sin violencia.

EN ESTA NOTA: