Ecuador vive una nueva etapa de protestas y vigilias ciudadanas tras la solicitud de revocatoria de mandato presentada contra el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta María José Pinto.

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La petición fue impulsada por un colectivo que fundamentó su reclamo en el artículo 16 del Reglamento para los procesos de revocatoria, el cual otorga al Consejo Nacional Electoral (CNE) un plazo de 15 días para pronunciarse sobre la admisión.

Ante la falta de respuesta oficial, se han convocado manifestaciones para los días 8, 11 y 15 de julio, con el objetivo de presionar al organismo electoral y exigir una resolución dentro del plazo establecido.

Las vigilias se organizan bajo el lema “La revocatoria va, porque va”, con la meta de reunir al menos 5.000 participantes y así incrementar la presión política sobre las autoridades gubernamentales que se han manifestado contra de este proceso.

El antecedente inmediato fue la marcha con antorchas realizada el sábado pasado en la capital Quito, donde ciudadanos respaldaron la iniciativa presentada por el abogado Washington Andrade, el dirigente indígena Leonidas Iza y Jorge Cáceres.

El Gobierno, por su parte, sostiene que la solicitud carece de sustento jurídico y ha pedido que sea declarada improcedente, ello se consolidó a través de la figura de la ministra Morillo, quien difundió un video en el que desacreditó la propuesta de revocatoria.

Sin embargo, los sectores opositores anunciaron que, además de las movilizaciones, emprenderán acciones legales para defender lo que consideran su derecho a la participación democrática.

En este contexto, Andrade a través de sus redes sociales recordó públicamente que el colectivo tiene plazo hasta el 15 de julio para entregar los formularios de respaldo a la revocatoria, reafirmando la estrategia de presión tanto en las calles como en el ámbito jurídico.

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