Pescadores de Ecuador demandan a EE.UU. por ataque militar y secuestro

La demanda de los pescadores, cuya embarcación fue atacada con drones en marzo pasado, califica el operativo de fuerzas de EE.UU. como un ataque «manifiestamente ilegal» acompañado de «secuestro y tortura».

lancha ataque 17 de diciembre

El 17 de marzo de 2026, a unas 385 millas náuticas del puerto de Manta, la embarcación Negra Francesca Duarte II fue impactada por dos drones armados desplegados desde una unidad militar no identificada del Comando Sur de Estados Unidos. Foto: EFE/ Southcom.


15 de noviembre de 2026 Hora: 21:50

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Un grupo de 16 pescadores ecuatorianos presentará este lunes 16 de noviembre una demanda judicial contra el Gobierno de Estados Unidos ante el Tribunal de Distrito para el Distrito Oeste de Pensilvania, tras sobrevivir a un ataque aéreo con drones y a posteriores detenciones arbitrarias ejecutadas por fuerzas militares estadounidenses en el océano Pacífico.

La acción legal busca una indemnización económica por los daños causados, sanciones contra los responsables materiales e intelectuales y establecer la corresponsabilidad de la Administración del presidente ecuatoriano Daniel Noboa.

Los hechos ocurrieron el 17 de marzo de 2026, a unas 385 millas náuticas del puerto de Manta, cuando los trabajadores regresaban de una faena pesquera de dos semanas a bordo de la embarcación Negra Francesca Duarte II. Poco antes de la agresión, las propias autoridades de Ecuador habían inspeccionado el navío y verificado que no transportaba sustancias ilícitas ni mantenía vínculos con el narcotráfico.

Sin embargo, el barco fue impactado por dos drones armados desplegados desde una unidad militar no identificada del Comando Sur de Estados Unidos, en el marco de la ofensiva denominada Operación Lanza del Sur. El bombardeo incendió y destruyó por completo la embarcación, provocando quemaduras graves en piernas, brazos y espaldas a dos de los tripulantes.

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Tras saltar al agua y refugiarse en botes salvavidas, los sobrevivientes fueron interceptados por efectivos militares estadounidenses, quienes los inmovilizaron con bridas plásticas y les cubrieron el rostro con capuchas del mismo material. Posteriormente, los pescadores fueron trasladados a un centro de detención de migrantes en El Salvador, donde permanecieron recluidos durante varias semanas antes de ser deportados a Ecuador.

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La demanda califica el operativo como un ataque «manifiestamente ilegal» acompañado de «secuestro y tortura» y sostiene que «no existe ningún conflicto armado real que justifique el uso de la fuerza militar contra las embarcaciones, ni lo había el 17 de marzo, cuando tuvo lugar el ataque». También argumenta que «la campaña de bombardeos de Estados Unidos contra embarcaciones e individuos indefensos viola el derecho internacional, de larga data y ampliamente aceptado».

El abogado representante de las víctimas, Dan Kovalik, expuso al diario británico The Guardian las secuelas físicas, psicológicas y financieras que enfrentan los demandantes: «Salen a pescar, no regresan a casa durante un mes, están en un centro de detención de migrantes en El Salvador y, como sabemos, esos centros no son muy agradables, así que hay mucho trauma ahí».

«Fue catastrófico para ellos. Ahora están en casa, pero tienen dificultades económicas, y los dos que resultaron gravemente heridos aún están lidiando con eso». Kovalik agregó que el litigio busca frenar estas operaciones letales en alta mar: «También les gustaría que Estados Unidos detuviera estos ataques con barcos. Ese es otro objetivo de todo esto, y creo que, sinceramente, ni el público ni los medios de comunicación estadounidenses se han indignado lo suficiente por estos ataques».

La ofensiva militar impulsada por la Administración de Donald Trump desde septiembre de 2025, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, acumula un saldo de al menos 250 personas asesinadas en operaciones calificadas por organizaciones de derechos humanos y sectores políticos como ejecuciones extrajudiciales, según estimaciones de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

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Reportes publicados por The Washington Post en agosto de 2026 revelaron que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) ejecutó los ataques contra pesqueros ecuatorianos cerca de las islas Galápagos, donde ocho tripulantes del buque Fiorella permanecen desaparecidos desde enero.

El expediente contra el Pentágono y la Casa Blanca se suma a una creciente ola de litigios internacionales como la demanda por homicidio culposo contra la Administración Trump, interpuesta en enero de 2026 en Massachusetts, por familiares de dos pescadores trinitenses —entre las seis víctimas mortales de un ataque con misiles perpetrado el 14 de octubre de 2025 en la ruta entre Venezuela y Trinidad— con el respaldo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y el Centro para los Derechos Constitucionales (CCR).

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También la ACLU, el CCR y la Unión de Libertades Civiles de Nueva York interpusieron un recurso bajo la Ley de Libertad de Información para exigir la publicación de un dictamen secreto de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia que presuntamente avala estos bombardeos.

Los familiares de un colombiano que murió durante la Operación Lanza del Sur presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en diciembre de 2025, acusando al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth —quien a principios de esta semana superó un intento de destitución en el Congreso que, en parte, tomaba en cuenta los ataques a embarcaciones—, de ordenar el asesinato.

Kovalik manifestó su expectativa de que la nueva mayoría demócrata en el Congreso estadounidense, que asumirá funciones en enero de 2027, investigue a los funcionarios involucrados. «Algunos de los demócratas con los que nos reunimos están muy interesados en celebrar audiencias sobre estos ataques a barcos. Esperamos que este caso anime a los demócratas, cuando asuman el cargo en enero, a iniciar algunas audiencias. Creo que tendrá ese impacto», dijo.

Mientras avanzan las denuncias por violaciones a los derechos humanos, el Departamento de Estado de Estados Unidos ratificó la entrega de 55 millones de dólares en asistencia financiera a Ecuador, pactada tras la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a Quito en septiembre.

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Durante una gira oficial realizada entre el 2 y el 7 de noviembre de 2026, el subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, F. Cartwright Weiland, detalló que 45 millones de dólares se destinarán «para desmantelar grupos narcoterroristas» y 10 millones de dólares «para combatir la minería ilegal de oro, el reclutamiento de pandillas, las finanzas ilícitas y el narcotráfico marítimo».

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En el marco de esa visita, Weiland viajó a las islas Galápagos para entregar personalmente a la Armada ecuatoriana una lancha interceptora de 38 pies, primera unidad de un lote de 14 embarcaciones destinadas a la Fuerza Naval y la Policía Nacional.

Autor: teleSUR - abl - DE

Fuente: La Jornada - Common Dreams