Ecuador: comité de derechos humanos denuncia ilegalidad en ataques a pescadores
Al documentar casos de ataques a pescadores de Ecuador, se concluyó que han conllevado abordajes violentos y detenciones arbitrarias; incomunicación, tortura y desapariciones forzadas temporales, y destrucción de barcos pesqueros.
Destrucción y hundimiento de una embarcación señalada por el Southcom como «estación flotante de reabastecimiento que apoyaba operaciones ilícitas de tráfico de drogas en el Pacífico oriental», el 7 de septiembre de 2026. Foto: Captura X/ Southcom.
10 de septiembre de 2026 Hora: 17:53
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El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), una ONG con sede en Guayaquil, ha denunciado graves irregularidades en los procedimientos militares y judiciales contra pescadores de la provincia de Manabí, en la costa de Ecuador, que en lo que va de 2026 acumulan casi una decena de ataques por fuerzas de EE.UU. en altamar.
El abogado Fernando Bastias, defensor del CDH, advirtió que pescadores ecuatorianos están siendo trasladados hacia las islas Galápagos luego de ser detenidos en medio de sus faenas en altamar, lo que podría tener como objetivo impedir que sus familias u otras partes visibilicen las arbitrariedades que cometen la Armada de Ecuador y las fuerzas estadounidenses.
Hay un factor común en los tuits del Comando Sur (Southcom) cuando informa sobre sus ataques en el Pacífico oriental o el Caribe: la recurrencia a «información de inteligencia» o el hecho de que las supuestas narcolanchas estarían transitando por rutas del narcotráfico, sin mayores evidencias.
Sobre ese punto, Bastias cuestionó los argumentos probatorios que emplean las autoridades judiciales y militares para judicializar a los pescadores y señaló que se les procesa teniendo como único sustento un mensaje de Southcom en X afirmando «tenemos información».
«¿Por qué no aportar esa información en la audiencia de formulación de cargos? Están haciendo las cosas al revés: primero aprehenden y después investigan», dijo el abogado ecuatoriano, que habló de «improvisación» en esos procesos.
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La declaración del abogado Bastias se une a denuncias de la propia CDH, familiares y organizaciones de la sociedad civil sobre el asedio y las irregularidades contra embarcaciones pesqueras ecuatorianas.
Según esas denuncias, al menos 143 pescadores ecuatorianos han sido afectados y nueve embarcaciones fueron atacadas, o incluso destruidas y hundidas, durante las operaciones militares de EE.UU. en el Pacífico.
Al verificar y documentar esos casos, la CDH concluyó que han conllevado abordajes violentos y detenciones arbitrarias en rutas conocidas de faena marítima; incomunicación, tortura y desapariciones forzadas temporales, y destrucción de barcos pesqueros con el empleo de explosivos.
Entre otras acciones legales, la CDH presentó un habeas corpus instructivo por la embarcación Conquista 2 —interceptada el 2 de septiembre y varios de cuyos pescadores fueron retenidos por fuerzas de EE.UU. y Ecuador—, y solicitó medidas para encontrar a los ocho pescadores de la Fiorella, atacada el 1 de enero de 2026, cuyos ocho tripulantes siguen desaparecidos.
Desde el ataque la Fiorella, han sido atacadas la Negra Francisca Duarte II (17 de marzo, 16 pescadores afectados), la Don Maca (18 de marzo, 20 pescadores), Los tres Hermanos (28 de agosto, 14 pescadores), Conquista 2 (2 de septiembre, 15), OM2 (3 de septiembre, 22 pescadores, varios retenidos) y María Candelaria (5 de septiembre, 26 tripulantes).
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Los ataques han generado creciente tensión en Manabí, donde organizaciones de pescadores denuncian que la hostilidad y el acoso de los militares estadounidenses en altamar está afectando el sustento económico de miles de familias.
A raíz de la intercepción de la María Candelaria, Leonardo Alonso, presidente de la Asociación Pesquera Santa Marianita, afirmó que los pescadores «están muy temerosos, no quieren salir y los que se encuentran afuera en alta mar obviamente no quieren regresar, porque esto puede sucederle a cualquiera».
Eduardo Jurado Santana, presidente de la Junta Cívica de la parroquia Los Esteros, denunció el atropello a los derechos constitucionales ecuatorianos y la inacción del Gobierno Nacional ante las fuerzas extranjeras.
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A las denuncias de Bastias, la CDH y la comunidad de pescadores, se suman evidencias recientes de una investigación según la cual se documentó que los barcos atacados eran pesqueros e, incluso, en uno de los casos se comprobó que la Guardia Costera ecuatoriana inspeccionó una embarcación que luego fue atacada.
Existe la certificación de que esa embarcación fue inspeccionada por la Guardia Costera, que luego de la verificación se retiró y la dejó continuar su itinerario de pesca pues no había nada sospechoso. Poco después, la nave fue interceptada, atacada con drones y destruida en altamar bajo la categorización de narcotráfico rutinaria que emplea el Southcom.
Según Rubio y Reimberg, ataques continuarán
El miércoles, en su visita a Ecuador, y tras una reunión con el presidente Daniel Noboa, el secretario de Estado, Marco Rubio, minimizó los riesgos para los pescadores y dijo que el objetivo son los narcotraficantes y la pesca ilegal.
Según Rubio, el verdadero peligro viene de los grupos criminales. Agregó que «operamos acorde a sus leyes en sus aguas territoriales, bajo sus sistemas y protocolos», en referencia a Ecuador, y que los ataques continuarán.
John Reimberg, ministro del Interior de Ecuador, confirmó que los ataques contra «embarcaciones vinculadas al narcotráfico van a continuar» y, ante cuestionamientos sobre irregularidades en las acciones del Comando Sur contra naves ecuatorianas, argumentó que son parte de la logística de grupos criminales y que algunas transportaban «grandes cantidades de combustible para abastecer a otras embarcaciones», nuevamente sin ofrecer evidencia puntual.
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Ese mismo día (9 de septiembre), el Comando Sur informó en X que sus fuerzas ejecutaron un ataque «cinético letal» contra una embarcación rápida que, según Washington, navegaba por una ruta utilizada para el narcotráfico en el Caribe. El operativo dejó tres personas asesinadas, a quienes el organismo calificó de «narcoterroristas», sin presentar evidencia.
Antes, el 7, Southcom publicó en X el reporte y el video correspondiente del ataque a otra embarcación, que catalogó como «estación flotante de reabastecimiento que apoyaba operaciones ilícitas de tráfico de drogas en el Pacífico oriental». Fue hundida tras el arresto de sus tripulantes. En el tuit se leía que «la inteligencia confirmó la implicación de la nave con la violenta organización narcoterrorista Los Choneros».
Ni Estados Unidos ni Ecuador han publicado evidencias sobre la relación de las supuestas narcolanchas destruidas con el narcotráfico. En el caso del Pentágono, desde el inicio de su campaña en el Caribe y el Pacífico, comenzando septiembre de 2025, no se han ofrecido pruebas ni información de las decenas de lanchas atacadas con drones o misiles y decenas de personas que han muerto en esas explosiones.
Además de que tras la destrucción es imposible presentar pruebas (pues es imposible la incautación), tampoco se han dado evidencias concretas a partir de lo que Southcom menciona habitualmente: informes de inteligencia. En esas operaciones se violan los estándares legales (los empleados, por ejemplo, en operaciones de la Guardia Costera de EE.UU.). Expertos legales y congresistas estadounidenses las han señalado como «ejecuciones extrajudiciales».
Expertos ONU: ejecuciones sumarias
A principios de septiembre, un informe de expertos de la ONU señaló que, desde el 2 de septiembre de 2025, las fuerzas armadas estadounidenses atacaron 68 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, causando la muerte de al menos 223 personas en operaciones en las que no se registraron sobrevivientes o se reportó la desaparición total de las tripulaciones.
Los expertos rechazaron de forma categórica el uso como argumento de la legítima defensa, amparada en el artículo 51 de la Carta de la ONU, y precisaron que los grupos dedicados al narcotráfico no constituyen partes en un conflicto armado.
«Llamarlo guerra no lo convierte en una guerra», dijeron los relatores y recordaron que el derecho internacional prohíbe las ejecuciones sumarias tanto en tierra como en alta mar.
Recordaron, además, que la propia Administración de EE.UU. admitió que tiene la capacidad de interceptar las naves, pero que decidió destruirlas. Por ello, demandaron investigaciones independientes para enjuiciar a los mandos civiles y militares responsables e indemnizar a las familias de las víctimas.
Igualmente, instaron a los países de la región a abstenerse de compartir inteligencia operativa con las fuerzas de Estados Unidos para esas acciones.
Autor: teleSUR - DE
Fuente: Radio Pinchincha - Noticias ONU - Agencias - Southcom
