Latacunga, una ciudad ubicada en el centro de Ecuador, fue ocupada por fuerzas militares y policiales tras el traslado temporal de la sede del Gobierno por decisión del presidente Daniel Noboa. La medida ocurre en medio de un paro nacional indefinido convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en protesta por la eliminación del subsidio al diésel, un combustible clave para el transporte y la economía popular.

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El precio del diésel aumentó de forma abrupta de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3.78 litros), tras la firma de un decreto presidencial que eliminó el subsidio estatal. La decisión se justificó como parte de un ajuste económico, pero generó reacciones inmediatas de rechazo por parte de comunidades rurales, organizaciones indígenas y movimientos sociales ante el eventual encarecimiento del costo de la vida.

En anticipación a las protestas, el Ejecutivo declaró el estado de excepción en ocho provincias y estableció un toque de queda nocturno en cuatro de ellas, incluida Cotopaxi, donde se encuentra Latacunga. Estas medidas permiten al Gobierno restringir el derecho a la libre circulación, realizar operativos militares y suspender garantías constitucionales.

Durante este fin de semana, previo al inicio del paro, unidades del Ejército y de la Policía Nacional cercaron el centro de Latacunga y restringieron el acceso a la sede de la Gobernación, que ahora alberga temporalmente las funciones del Gobierno nacional. Comercios y residentes reportaron dificultades para movilizarse, mientras se mantenía la expectativa ante la llegada de manifestantes a la ciudad.

El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), afiliado a la Conaie, anunció su participación activa en las protestas, señalando a Latacunga como punto clave para la movilización. Esta región ha sido históricamente uno de los principales escenarios de resistencia indígena frente a políticas estatales consideradas regresivas.

El Gobierno ha reiterado que no negociará la decisión sobre el subsidio y ha advertido que tomará acciones legales contra quienes cometan actos de violencia, bloqueen vías o incurran en delitos durante las movilizaciones. La Fiscalía General del Estado también informó que iniciará procesos penales en caso de infracciones, mencionando expresamente figuras como terrorismo en su comunicación oficial.

En paralelo, grupos cercanos al Gobierno convocaron a una marcha con el lema “libertad, familia y trabajo”, programada para el mismo día de la movilización indígena (este lunes 22 de septiembre), con un llamado a vestir camisetas blancas. Esta movilización ha sido promovida desde sectores del Gobierno como respuesta simbólica a las protestas sociales en un intento de apagarlas o desviar la atención de las mismas.

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