Este lunes 18 de mayo, una multitudinaria marcha de trabajadores, campesinos y sectores populares descendió desde la ciudad de El Alto hasta la ciudad de La Paz, capital administrativa de Bolivia, para exigir la renuncia inmediata del presidente derechista Rodrigo Paz Pereira. 

La movilización, impulsada por la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Federación de Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’ (Ponchos Rojos), junto a maestros y mineros cooperativistas, profundiza una huelga general indefinida que mantiene al país virtualmente cercado con más de 70 bloqueos de carreteras. 

Las organizaciones sociales transformaron sus demandas salariales iniciales en un rechazo absoluto al mandatario, a tan solo seis meses de haber asumido el poder. Esta escalada responde a la indignación generada por la feroz represión estatal que, el pasado sábado 16 de mayo, dejó al menos cuatro manifestantes asesinados por las fuerzas policiales y militares.

Hasta el momento se reporta además la detención de al menos 57 personas fueron durante un masivo operativo policial y militar destinado a despejar los bloqueos de carreteras en los accesos a La Paz y El Alto.

El detonante de esta insurrección popular radica en la implementación de un plan económico de ajuste estructural que, según las organizaciones, se alinea con los intereses de los grandes empresarios y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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Entre las medidas dictadas por el Ejecutivo destaca la eliminación de subsidios, que provocó un incremento del 86 por ciento en el precio de la gasolina y de más del 160% por ciento en el diésel, golpeando severamente las condiciones de vida de la clase trabajadora.

 A este denominado «gasolinazo» se suma el rechazo indígena y originario a la ley Marinkovic (ley 1720), normativa que buscaría saquear los bienes naturales comunes y despojar de tierras al campesinado al facilitar el embargo y la conversión de la pequeña propiedad agrícola en beneficio de grandes latifundistas y terratenientes.

Mientras la capital boliviana sufre el desabastecimiento de alimentos y combustibles debido a la huelga y los bloqueos, el Gobierno de Paz descartó su dimisión. El Ejecutivo justificó la brutalidad estatal bajo el pretexto de un «operativo humanitario» ejecutado por 3.500 efectivos armados, tildando la rebelión popular de «conspiración» alentada por el sector del expresidente Evo Morales.

En el plano internacional, el imperialismo estadounidense emitió un comunicado de respaldo a Rodrigo Paz, a quien considera un aliado clave en la región, denunciando supuestos planes de desestabilización.

Por su parte, la Liga Obrera Revolucionaria (LOR-CI) llamó a masificar la huelga general sin pactar con las autoridades. En un gesto de mediación, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó el conflicto como una insurrección popular y ofreció su mediación ante la crisis política y social que atraviesa Bolivia.

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