En el marco del 48.º aniversario de la primera insurrección popular de Estelí, la Asamblea Nacional de Nicaragua dio inicio a la segunda etapa del proceso de consulta amplia sobre la Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política.

La jornada, celebrada frente al Centro Cultural Felipe Urrutia, en esa ciudad del oeste nicaragüense, reunió a diversos sectores sociales, juventudes y autoridades locales en una manifestación de democracia directa orientada a consolidar las transformaciones jurídicas, defender la soberanía nacional y ratificar la estabilidad institucional del país.

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El presidente del Parlamento nicaragüense, doctor Gustavo Porras, destacó que la elaboración de esta propuesta toma en cuenta más de tres siglos de resistencia histórica frente a la dominación extranjera.

Al cierre de la asamblea en Estelí, la representación comunitaria ratificó por unanimidad su respaldo a las modificaciones, las cuales continúan en debate territorial previo a su aprobación formal prevista para el próximo 18 de enero, en homenaje al poeta universal Rubén Darío.

Prohibición de la injerencia extranjera y defensa de la autodeterminación

El cuerpo normativo de la reforma constitucional establece límites claros a la intromisión de potencias externas en la vida política del país latinoamericano.

En ese sentido, el primer artículo estipula de forma explícita que la Constitución Política de la República de Nicaragua prohíbe la extraterritorialidad de leyes extranjeras, garantizando que ninguna ley, reglamento o normativa emitida por otro Estado, grupo de Estados u organismo internacional surta efectos jurídicos en el territorio nacional.

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Paralelamente, la normativa restringe el acceso a cargos de elección popular, nombramientos ejecutivos o ratificaciones parlamentarias a quienes hayan promovido acciones lesivas contra la paz de la nación.

La reforma inhabilita expresamente a quienes inciten o promuevan la injerencia extranjera, soliciten intervenciones militares, reciban financiamiento externo, respalden bloqueos económicos o pidan sanciones contra el Estado nicaragüense, catalogando estas conductas como violaciones directas a los principios supremos de la patria.

Respaldo social y adecuación de períodos para el desarrollo nacional

Durante la jornada de diálogo, los sectores populares alzaron su voz para respaldar las modificaciones institucionales. Desde la Juventud Sandinista 19 de Julio, Katherine Salguera afirmó que el proceso garantiza la protección de los derechos de las nuevas generaciones, mientras que por el sector salud, María José Armas resaltó la gratuidad del sistema hospitalario.

A su vez, la emprendedora Arelis Santos expresó que las reformas otorgan la estabilidad indispensable para el crecimiento de la economía familiar y respaldó la necesidad de frenar a quienes atentaron contra la paz social.

El marco legal extiende además a siete años los períodos correspondientes a los cargos de elección popular, autoridades ejecutivas, liderazgos de la Asamblea Nacional y mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Esta medida otorga facultades al Consejo Supremo Electoral para organizar los comicios generales en dicho lapso, garantizando la continuidad de las políticas públicas de desarrollo, la paz y la soberanía del pueblo nicaragüense.

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