En un escenario marcado por el descontento del gremio escolar, docentes y trabajadores de la educación agrupados en diversas organizaciones nacionales marchan a pie desde Santiago hacia el Congreso Nacional para denunciar el deterioro progresivo de las comunidades escolares y frenar los recortes presupuestarios planteados para el sector por el Gobierno de ultraderecha de José Antonio Kast.

La caminata de más de 100 kilómetros, que protagonizan más de un centenar de docentes y líderes gremiales, se inició este domingo en Santiago, la capital, y se prevé que concluya este martes 8 de septiembre, cuando los manifestantes arribarían a la sede del Poder Legislativo en Valparaíso para entregar formalmente su petitorio a los parlamentarios.

El avance de la marcha fue restringido este lunes por las autoridades de la Región de Valparaíso, luego de que la Delegación Presidencial Regional prohibió el paso peatonal de los manifestantes por la avenida Santo Ossa. El presidente nacional del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, tildó la decisión oficial como un acto «hostil» y «absurdo», asegurando que jamás se les había impedido transitar por dicha ruta en administraciones anteriores.

Ante el bloqueo, la dirigencia ratificó que mantendrá la marcha de forma pacífica para hacer valer su derecho a la manifestación.

Los docentes y los sindicatos cuestionan los recortes de recursos destinados a la educación pública. Los manifestantes exigen al Congreso frenar de inmediato los tijeretazos financieros y garantizar un presupuesto digno desde la etapa de educación inicial hasta el nivel superior.

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A esta demanda presupuestaria se suma la exigencia de reparar de forma urgente infraestructura escolar deteriorada.

Los recientes temporales de lluvia dejaron al descubierto recintos inundados y colapsados, evidenciando décadas de falta de mantenimiento adecuado por parte de las autoridades competentes.

Los gremios demandan poner fin a la creciente mercantilización del sistema escolar y frenar las iniciativas que buscan transformar la enseñanza en un negocio.

Para la dirigencia, la educación debe garantizarse como un derecho social inalienable y no como un bien de consumo sujeto al libre mercado.

Asimismo, los sindicatos reclaman el cese de los «regímenes autoritarios» dentro de las comunidades educativas y exigen dotar de mayor capacidad operativa a los organismos fiscalizadores como la Superintendencia de Educación, la Agencia de Calidad y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), que enfrenta severas limitaciones que impiden un monitoreo efectivo.

El bloque movilizado reúne no solo a profesores, sino a cerca de 120 dirigentes de la Federación Nacional de Organizaciones de Asistentes de la Educación Pública (Aefen) y de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (Andime), quienes califican el actual escenario como la amenaza más grave a la educación pública en décadas.

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