El Gobierno británico reiteró este lunes su negativa a pagar indemnizaciones financieras por el papel de Gran Bretaña en la trata transatlántica de esclavos, en momentos en que una delegación de Jamaica entregó una petición formal en el Palacio de Buckingham dirigida al rey Carlos III para exigir una compensación de 10.000 millones de dólares.

El portavoz del primer ministro británico Andy Burnham reafirmó que la postura oficial se mantiene inalterada e insistió en que el Reino Unido «no paga ni pagará reparaciones». A pesar de que la administración británica calificó la práctica colonial de «aborrecible» y reconoció que el país se benefició significativamente de dicho comercio, sucesivos Gobiernos de la nación europea han evitado ofrecer una disculpa formal o entablar negociaciones económicas sobre el tema.

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Una delegación encabezada por la ministra de Cultura de Jamaica, Olivia Grange, acudió a la sede de la monarquía británica para presentar la solicitud. El documento pide al monarca buscar el asesoramiento del Comité Judicial del Privy Council en Londres, órgano que funciona como tribunal de apelación final para la isla caribeña y otros territorios de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth).

La petición jamaicana, que marca un precedente histórico al ser la primera vez que un miembro de la Commonwealth utiliza esta vía jurídica, plantea tres interrogantes centrales para la evaluación del rey: si la esclavización de personas africanas en Jamaica fue legal bajo el derecho inglés, si dicha práctica violó el derecho internacional y si el Reino Unido posee la obligación legal de indemnizar los daños ocasionados por el comercio de esclavos.

La ministra Grange exigió la devolución de objetos del Caribe que permanecen en museos británicos. A pesar del rechazo oficial del Gobierno y de la ausencia del monarca durante la entrega de la petición, la funcionaria declaró a medios internacionales sentirse «alentada» por el paso dado.

Carlos III se encontraba en Escocia al momento de la entrega de la solicitud en Londres, lo que provocó críticas de sectores locales. Graham Smith, director ejecutivo del grupo antimonárquico Republic, indicó que «una vez más, Charles busca refugio cuando se plantea la cuestión de la esclavitud y el imperio».

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Las demandas de la región caribeña se alinean con los pronunciamientos de organismos internacionales. Un comité de las Naciones Unidas determinó recientemente que los Estados tienen la obligación legal de considerar reparaciones por la trata transatlántica, advirtiendo que no será posible erradicar la discriminación racial sin «un compromiso total para revisar y reparar los daños y consecuencias actuales del tráfico de africanos esclavizados y la esclavitud racializada».

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