Recurrentes expresiones de autoridades argentinas, como el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina que cuestionan la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes, encienden las alarmas en el país trasandino con diversas voces que llaman al Gobierno a adoptar una posición firme ante su vecino.

La escalada responde a declaraciones del alto mando militar de la Fuerza Aérea de Argentina y de ministros de la administración de Javier Milei, quienes insisten en catalogar la zona estratégica como un área de soberanía propia y apuestan por incrementar la presencia naval en el paso bioceánico.

La soberanía de Chile sobre la totalidad del estrecho de Magallanes es clara e indiscutible. Seguiremos resguardando los intereses de nuestro país con firmeza, seriedad y diálogo. ???????? https://t.co/5IW8zvAjXC

— José Francisco Pérez Mackenna (@MinPerezMac) September 4, 2026

Frente a estas pretensiones, el canciller chileno Francisco Pérez ratificó que la soberanía de su nación sobre el paso marítimo es indiscutible, instando a las autoridades de otros países a actuar con responsabilidad en sus discursos públicos.

Asimismo, diversos parlamentarios y exdiplomáticos en Santiago exigieron al Ejecutivo abandonar su postura pasiva ante lo que califican como una ofensiva diplomática contra la integridad territorial de Chile.

Pese a la plena vigencia de los tratados bilaterales de 1881 y 1984 que fijan los límites soberanos, la negativa del Gobierno argentino a derogar los decretos que sugieren un control conjunto sobre la vía marítima demuestra un afán expansionista que busca alterar el equilibrio regional y desestabilizar la cooperación fronteriza en el Sur Global.

Ofensiva ultraderechista y revisionismo histórico

La tensión fronteriza se profundizó tras el paso de Milei por Santiago durante un encuentro de la ultraderecha internacional, donde el mandatario argentino reivindicó el golpe de Estado fascista perpetrado contra el presidente Salvador Allende.

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La apología a la dictadura militar de Augusto Pinochet y la injerencia en los asuntos internos chilenos desataron una ola de indignación popular, unificando el rechazo social ante un discurso revisionista que encubre las violaciones a los derechos humanos e intenta justificar el despojo territorial.

Estudios de opinión recientes reflejan que el 71 por ciento de la ciudadanía chilena percibe una amenaza real sobre su soberanía por parte de la actual gestión de Buenos Aires.

Ante la retórica provocadora de la extrema derecha argentina, las organizaciones comunitarias y políticas demandan una defensa irrestricta de los límites nacionales y el respeto absoluto al derecho internacional para frenar las pretensiones geopolíticas en el extremo sur del continente.

El dominio de Chile sobre el Estrecho de Magallanes responde a una sólida estructura jurídica fundamentada en acuerdos bilaterales vigentes.

El primero de ellos es el Tratado de Límites de 1881, mediante el cual la República Argentina reconoció de forma explícita la pertenencia del paso marítimo al Estado chileno, a cambio de garantizar la libre navegación para el comercio internacional.

Esta delimitación territorial fue ratificada posteriormente en el Tratado de Paz y Amistad de 1984, alcanzado con mediación papal tras superar un diferendo fronterizo.

En dicho instrumento se confirmó la potestad soberana sobre el paso bioceánico y se normaron las condiciones de tránsito y acceso marítimo, cerrando jurídicamente cualquier margen para reclamos expansionistas o controversias sobre la integridad del territorio chileno.

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