La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) de Argentina presentó una denuncia penal contra funcionarios del Ejecutivo nacional tras el operativo de represión desplegado durante la quinta marcha federal universitaria. La presentación judicial, radicada en el juzgado federal a cargo de Sebastián Ramos, solicita investigar tanto a los agentes intervinientes como a los mandos políticos que ordenaron el dispositivo de seguridad durante la jornada de protesta.

Un informe elaborado por el organismo autónomo reveló que la intervención policial se prolongó por más de tres horas, dejando un saldo de más de 550 personas afectadas o heridas. Según el reporte, las fuerzas de seguridad dispararon balas de goma en dirección horizontal al cuerpo de los manifestantes, emplearon camiones hidrantes con agua a presión y lanzaron más de 120 granadas de gases lacrimógenos de forma desproporcionada.

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La denuncia formal expuso que los ataques de la fuerza pública alcanzaron también a equipos sanitarios de asistencia, trabajadores de prensa y observadores de derechos humanos. En paralelo, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura monitoreó las acciones en la vía pública, advirtiendo sobre un uso abusivo de la fuerza que derivó en la detención de cuatro adultos y dos adolescentes.

La quinta marcha federal universitaria congregó a miles de estudiantes, docentes y ciudadanos en todo el país para exigir al presidente Javier Milei la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La legislación, sancionada por el Congreso Nacional y revalidada tras ser vetada por el Poder Ejecutivo, cuenta con el aval del Poder Judicial para garantizar el presupuesto del sistema educativo público.

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Frente a la escalada de violencia denunciada, diversos organismos de derechos humanos exigieron la delimitación urgente de responsabilidades penales e institucionales. Las entidades de prevención de la tortura remarcaron que el uso de armas menos letales requiere protocolos estrictos para garantizar la integridad de quienes ejercen su derecho constitucional a la protesta.

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El avance de las acciones judiciales mantiene en debate nacional la actuación del Ministerio de Seguridad y la gestión de la conflictividad social en la capital argentina. Mientras tanto, las comunidades universitarias anunciaron que mantendrán las acciones institucionales y callejeras para reclamar la asignación presupuestaria que por ley le corresponde a las casas de altos estudios.

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