La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal contra el Gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, y las autoridades del Comando Unificado de Seguridad Nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tras la violenta represión desplegada el pasado viernes contra la Marcha Federal Universitaria y el rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 en la capitalina Plaza del Congreso.

La acción judicial califica el operativo desplegado por la Policía Federal, Prefectura Naval, Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía de la Ciudad como un accionar que excedió los límites legales vigentes. La presentación enmarca las conductas de los efectivos y sus mandos políticos en los delitos de estrago, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

???????? #17oct. Docentes, estudiantes y gremios marchan en Argentina para exigir al presidente Milei cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. ???? Denuncian represión policial. "Están reprimiendo al pueblo". #teleSUR https://t.co/uAgZUuuP70

— teleSUR TV (@teleSURtv) October 17, 2026

El escrito judicial enfatiza que «tales conductas ostentan una coordinación que permite establecer que sus acciones fueron ordenadas y ejecutadas por superiores jerárquicos con conocimiento y voluntad del ejercicio de la coerción por fuera del marco normativo e incumpliendo con los compromisos internacionales suscritos por la República Argentina».

Abuso de la fuerza, cientos de heridos y detenciones arbitrarias

El operativo policial irrumpió mientras la manifestación se desarrollaba de manera masiva, obligando a los dirigentes universitarios a interrumpir la lectura del documento central desde el escenario. Las acciones de la Policía Federal Argentina (PFA), la Prefectura Naval, la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Policía de la Ciudad incluyeron disparos directos al rostro con balas de goma, proyectiles a la cabeza y embestidas con camiones hidrantes.

De acuerdo con datos de la CPM, presidida por Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos, al menos 550 personas requirieron atención médica y se contabilizó el disparo de un mínimo de 120 granadas de gas lacrimógeno. El ataque contra los profesionales de la comunicación se convirtió en uno de los puntos centrales del operativo. Un informe de la CPM arrojó que 50 trabajadores de prensa resultaron heridos, junto con 15 integrantes de la propia comisión.

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Entre los casos documentados se encuentra el fotógrafo Guido Piotrkowski, de Página/12, quien recibió dos impactos de bala de goma en el tórax. También la periodista Laura Quispe, de TeleSISA, sufrió nueve impactos de bala de goma.

Imágenes difundidas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) mostraron a agentes apuntando directamente a los ojos de los manifestantes. Al caer la noche, cámaras de televisión registraron a efectivos de Gendarmería recogiendo los cartuchos percutidos de la vía pública para guardarlos en bolsas, en lo que se interpretó como un intento por ocultar material probatorio sobre el accionar desplegado.

La jornada dejó un saldo de seis personas detenidas, entre ellas dos estudiantes del Colegio Nicolás Avellaneda aprehendidos a las 17:11 durante la desconcentración en las calles Montevideo y Sarmiento. Uno de los jóvenes tiene 14 años y permaneció retenido por dos horas; el otro, de 17 años, fue imputado por supuesta resistencia a la autoridad y enfrentará una causa penal bajo el recién estrenado régimen penal juvenil.

Posteriormente, las fuerzas policiales arrestaron a cuatro personas adulta, tres hombres y una mujer, en las intersecciones de Chacabuco y Avenida de Mayo. Según organismos de derechos humanos, la joven arrestada, estudiante de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTreF), fue interceptada por portar una bandera de Colombia. A todos los detenidos se les imputaron cargos por resistencia a la autoridad.

Exigencias a las autoridades

En la denuncia presentada por la CPM, se solicitó a los Ministerios de Seguridad tanto de la Nación como de la Ciudad de Buenos Aires la entrega inmediata de la nómina completa del personal desplegado en el lugar. Asimismo, las autoridades deberán detallar los vehículos, el armamento y los diversos instrumentos utilizados en el procedimiento, complementado con la entrega de las copias de las órdenes transmitidas a través de las frecuencias radiales policiales durante la jornada.

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Por otra parte, la causa contempla una rigurosa auditoría de los registros audiovisuales de la fuerza. En este sentido, se exigirán informes sobre los efectivos que realizaron fotografías y grabaciones de los manifestantes, solicitando la acreditación formal de si contaban con autorización judicial previa para dicha tarea. A esto se suma el pedido de las filmaciones registradas por los domos y cámaras de seguridad urbanas del Gobierno porteño.

Para garantizar la transparencia e imparcialidad en el proceso probatorio, se dispuso la realización de peritajes independientes. La recolección, custodia y análisis de testimonios, grabaciones comerciales y demás evidencias quedarán bajo la responsabilidad directa del Juzgado o la Fiscalía interviniente, excluyendo expresamente de estas labores a las fuerzas de seguridad señaladas e involucradas en los hechos.

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