La abogada Nadia Beller permanece bajo resguardo policial en un centro médico de la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, mientras se recupera tras haber sobrevivido a tres disparos propinados en la puerta de un hotel. Luego del atentado sufrido en su contra, Beller realizó acusaciones que vinculan a su expareja, el asesor político argentino Fernando Cerimedo, con presuntas irregularidades operativas y redes de extorsión ligadas al círculo más cercano del presidente boliviano Rodrigo Paz, y al propio mandatario.

Entre las denuncias planteadas, la abogada mencionó la concesión de permisos para el despegue de avionetas vinculadas al narcotráfico fundamentalmente desde el oriente del país, hecho que Cerimedo le habría justificado como una supuesta estrategia de seguimiento mediante radares.

Asimismo, Beller involucró a la primera dama, esposa de Rodrigo Paz, en el cobro de comisiones e intermediación irregular dentro del mercado de provisión y comercialización internacional de combustibles como diésel y gasolina.

Ante las declaraciones de Nadia Beller, el Gobierno nacional, a través del vocero presidencial, José Luis Gálvez, rechazó las acusaciones calificándolas de arriesgadas y exigió la presentación de pruebas para sustentarlas.

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La vocería oficial ratificó que Cerimedo sí se desempeñó como asesor personal del presidente Paz, pese a no figurar en las planillas ni en los registros oficiales de remuneraciones del Estado. El Ejecutivo aseguró que colaborará en todas las investigaciones en curso para esclarecer los hechos.

Beller se convirtió en el centro de una masiva campaña de desacreditación desplegada en redes sociales y medios de comunicación afines al Gobierno. Diversos sectores cuestionan la veracidad del atentado argumentando que una mujer embarazada no podría resistir tres impactos de bala de ese calibre, al tiempo que acusan a Beller de haber planificado un supuesto autoatentado con disparos no mortales.

La abogada Nadia Shirley Beller Delgado, de 33 años, responsabilizó al exasesor de Javier Milei, Fernando Cerimedo, por el ataque armado que sufrió este lunes. ⚠️ Sobrevivió al simular su muerte y lo señaló por filtrar los audios de las coimas en la ANDIS.… pic.twitter.com/bU6NWmI1to

— teleSUR TV (@teleSURtv) August 19, 2026

Por su parte, la denunciante exigió a las autoridades judiciales que el proceso no sea declarado en reserva. La reserva procesal suele ser utilizada en escándalos de corrupción para desviar la atención de los medios de comunicación y liberar posteriormente a los involucrados.

En el ámbito penal y constitucional, el caso obliga a la Fiscalía General del Estado a actuar de oficio bajo la Ley 348 y el Código Penal ante los delitos de violencia física, psicológica y tentativa de feminicidio. Asimismo, los órganos competentes deberán llevar adelante los procesos correspondientes para investigar los acusaciones conexas referidas a presunto lavado de dinero, narcotráfico y extorsión expuestos por la activista.

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