El megaproceso electoral de 2027, dirigido a disputar en las urnas 21.000 cargos de representación popular en todo el país, arranca este jueves, con el banderazo del Instituto Nacional Electoral (INE) a una de las contiendas más caras de la historia nacional. Sólo el gasto solicitado por los órganos electorales federales –incluido el financiamiento a los ocho partidos nacionales–, asciende a 51 mil millones de pesos, monto sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación, en noviembre próximo.

El INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) solicitaron este monto equivalente, por ejemplo, al costo bianual del pago de intereses de la deuda del rescate bancario (Fobaproa), según observaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la contienda intermedia se renovarán más de 21.000 cargos de representación popular en todo el país. Entre estos se destacan la totalidad de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas estatales, 1.098 diputaciones locales y 2.204 presidencias municipales.

La bolsa total solicitada por los órganos electorales y el financiamiento público a partidos políticos se divide de la siguiente manera: La operación electoral directa requiere 17.453 millones de pesos para la logística, instalación de casillas y resolución de juicios e impugnaciones.

El organismo electoral aprobó un requerimiento general de más de 47.000 millones de pesos, que engloba su gasto base operativo (nómina de 18.000 trabajadores permanentes) y un presupuesto precautorio de 4.000 millones de pesos para la organización de posibles consultas ciudadanas o procesos de revocación de mandato.

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El Tribunal Electoral (TEPJF) mantiene una solicitud moderada de 4.000 millones de pesos, congelando sus requerimientos al mismo nivel presupuestal del ejercicio anterior sin sumar el ajuste inflacionario.

El financiamiento público obligatorio fijado por fórmula constitucional aumentará a casi 11.000 millones de pesos para ser distribuido entre los ocho partidos con registro nacional y candidaturas independientes.

El órgano electoral argumenta un incremento del 45,6 % respecto a procesos previos, respaldado en factores operativos y demográficos.

El padrón electoral pasó a más de 102 millones de electores, lo que obligará a instalar un número récord de 176.741 casillas (6.738 más que en las elecciones federales de 2024) y a contratar a más de 51.000 capacitadores y supervisores. Se proyecta un impacto inflacionario acumulado e incrementos en el costo de producción de las boletas y papelería con medidas de seguridad.

Por su parte la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como «exagerada» la proyección del gasto presentado por la administración del INE, solicitando que la Cámara de Diputados analice el presupuesto bajo criterios de austeridad durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

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