Grupos defensores del derecho al voto interpusieron este miércoles un demanda federal contra actos de intimidación de votantes impulsada por el Gobierno de presidente estadounidense, Donald Trump, a través de una orden ejecutiva que restringe el derecho al voto y vulnera principios constitucionales.

La demanda, presentada a nombre de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla, por sus siglas en inglés) y un ciudadano naturalizado, sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha estado presionando a los funcionarios estatales a investigar a los votantes, basándose en datos incorrectos.

Los demandantes aseguran que estos actos intimidatorios se desarrollan especialmente contra los naturalizados, bajo alegatos de que miles de no ciudadanos están registrados para no votar.

“Se ha pedido investigar a fondo a los votantes y a los funcionarios electorales que pudieron haber participado en el registro de dichos votantes, y los sometan al temor de un proceso penal, e incluso a la posibilidad de cárcel y multas”, indicó en una conferencia de prensa Chad W. Dum, director legal del Proyecto por el Derecho al Voto de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA).

El abogado desmiente las declaraciones de la Casa Blanca donde asegura que más de 278.000 personas que no son ciudadanas están registradas para votar a nivel nacional; dicha cifra incluye a 190.000 personas en California. “Eso es absolutamente falso”, sostuvo Dum.

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La coalición busca disipar el mito de que personas no ciudadanas se registren para votar, o que efectivamente emitan un voto que sería contabilizado.

Pedro Trujillo, ciudadano naturalizado, expresó por su parte, un firme rechazo por la discriminación sistemática por parte de la ley, «Digo no a los ‘ciudadanos de segunda clase’. Digo no a los votos de segunda clase. Todo ciudadano merece tener la misma voz en nuestra democracia”, dijo.

El pasado 27 de agosto, organizaciones civiles y 23 estados impugnaron la orden de Trump para limitar el voto. Los demandantes sostuvieron que la orden anunciada por el USPS el pasado viernes 21 de agosto constituye una invasión de la autoridad constitucional de los estados para administrar los procesos electorales. Además, introduce cambios sustanciales en el voto por correo, entre ellos la exposición de datos personales de millones de ciudadanos.

La disposición establece la creación de listas específicas de votantes por estado, lo que implicaría la recopilación y difusión masiva de información privada, contraviniendo la legislación de protección de datos.

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