El ministro de Turismo de Cuba, Juan Carlos García, denunció este sábado 14 de noviembre las severas afectaciones provocadas por el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra la industria turística de la isla. Durante una intervención en un programa televisivo, el titular calificó como de gran impacto la escalada agresiva impulsada desde Washington, la cual incluye un estricto cerco energético.

El funcionario explicó que la campaña estadounidense ejerce presiones directas contra aerolíneas, empresarios y compañías internacionales para forzar el cese de sus operaciones en territorio cubano. Esta ofensiva diplomática y financiera obligó a la retirada de diversas firmas extranjeras que mantenían décadas de trabajo continuo en el mercado turístico de la nación caribeña.

Como consecuencia directa de estas restricciones coercitivas, las autoridades cubanas confirmaron la imposibilidad de alcanzar la meta proyectada de 2,2 millones de visitantes internacionales para el cierre de 2026. Este golpe resulta particularmente sensible para la economía nacional, considerando que el turismo constituía la principal actividad generadora de divisas antes de la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19.

A pesar de competir en el Caribe en condiciones profundamente desiguales debido a las sanciones extraterritoriales, García aseguró que las medidas de la Casa Blanca no han logrado paralizar al sector. El alto funcionario destacó que las instituciones del ramo implementan nuevas fórmulas comerciales y operativas para sostener la actividad y abrir mercados alternativos.

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En ese sentido, el ministro resaltó el aporte de las recientes transformaciones socioeconómicas aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular para dinamizar el desarrollo turístico en la isla. Dichas reformas facilitan una mayor interacción productiva y encadenamientos entre los distintos actores económicos, integrando tanto a las empresas estatales como al sector privado nacional.

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Con estas estrategias de resistencia y diversificación, el Gobierno cubano reafirma su voluntad de defender una industria clave para el bienestar socioeconómico de la población. Las autoridades del sector mantienen el llamado a la comunidad internacional para condenar el carácter extraterritorial de las medidas coercitivas que vulneran el derecho al desarrollo de la nación antillana.

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