Las deportaciones masivas de migrantes haitianos impulsadas por la administración de Donald Trump continúan generando una grave crisis humanitaria, tras el arribo de vuelos semanales al aeropuerto internacional de Cabo Haitiano que dejan a decenas de personas en el total desamparo, sin sus pertenencias y sin un lugar seguro a donde ir.

Desde mediados de agosto han retornado a más de 400 migrantes. Las operaciones se producen luego de que la Corte Suprema estadounidense decidiera en junio poner fin al Estatuto de Protección Temporal (TPS), medida que deja a más de 330.000 haitianos vulnerables a una deportación inminente tras perder su garantía de permanencia y trabajo.

Esta ofensiva migratoria se suma al cierre previo del programa humanitario CHNV —que permitía el ingreso legal y temporal de ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela— en marzo de 2025, y del Programa de Reunión Familiar en diciembre de ese mismo año.

«Están deteniendo a las personas en la calle, en el trabajo, en cualquier lugar […], y llevándolas a un centro de detención», denunció Katia Bonté, coordinadora del Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados (GARR), señalando que los ciudadanos son despojados de sus teléfonos celulares y efectos personales antes de ser expulsados.

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El desembarco de los migrantes ocurre en un territorio nacional profundamente deteriorado por la crisis de seguridad. Tras el terremoto de 2010, bandas paramilitares tomaron el control de extensas zonas de Puerto Príncipe y de las principales carreteras del país, bloqueando la libre circulación e incrementando los desplazamientos forzados.

Los ciudadanos deportados, que abandonaron sus hogares en Estados Unidos tras residir allí durante 5, 10 años o más conservando únicamente la ropa de prisionero proporcionada por las autoridades estadounidenses, reciben del gobierno haitiano la suma de 80 dólares, monto que resulta insuficiente para costear un pasaje seguro hacia el sur de la isla.

Ante este panorama, GARR exige al Estado la creación de un fondo de emergencia para cubrir los traslados y gestionar un diálogo intergubernamental que establezca protocolos de llegada dignos.

????Deportaciones masivas perjudican el empleo en EE.UU.

????Un informe clave desmiente que las deportaciones masivas beneficien el empleo en EE.UU. La actividad del ICE no solo afecta a migrantes, sino que un estudio revela que por cada arresto, un trabajador estadounidense sin…

— teleSUR TV (@teleSURtv) May 13, 2026

Racismo institucional e impacto económico

Organizaciones civiles como Mujeres Haitianas para Refugiados Haitianos (HWHR) han calificado las medidas migratorias como el reflejo de un racismo y xenofobia institucional arraigados en la más alta esfera política de Estados Unidos.

La crítica se intensificó luego de que el Departamento de Seguridad Interna (DHS) publicara un video en redes sociales mostrando a migrantes encadenados bajo la lluvia, un acto de profundo sadismo que resuena con especial crueldad a pocos días de celebrarse la fecha de la abolición de la esclavitud en Haití, el 22 de septiembre de 1793.

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Pese a la justificación ideológica de la política migratoria, análisis de la organización FWD.us apuntan que la comunidad haitiana beneficiaria del TPS aportaba cerca de 5.900 millones de dólares anuales a la economía estadounidense y 1.500 millones en impuestos, sosteniendo sectores clave como la agricultura, el comercio y los servicios de cuidado.

En el ámbito político y legal, la confrontación persiste mientras bufetes especializados buscan alternativas para la permanencia de los migrantes y legisladores demócratas defienden en el Congreso la restitución del TPS. Figuras como el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, han cuestionado públicamente las medidas de la Casa Blanca, confrontando directamente la agenda migratoria federal.

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