Trump intensifica la persecución contra migrantes

La Casa Blanca condiciona la entrega de fondos sociales federales a la denuncia de migrantes indocumentados. Las denegaciones de asilo alcanzaron un récord del 94 por ciento.

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Trump busca chantajear a los estados del país obligándolos a reportar ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la presencia de personas indocumentadas. Foto: EFE.


3 de septiembre de 2026 Hora: 11:46

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La Administración del presidente estadounidense Donald Trump puso en marcha una nueva ofensiva legal contra la población migrante al amparo de una reinterpretación jurídica del Departamento de Justicia. La medida busca chantajear a los estados del país obligándolos a reportar ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la presencia de personas indocumentadas.

De no acatar esta exigencia de vigilancia, las entidades territoriales se enfrentan a la pérdida de recursos federales vitales destinados al Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y al Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), los cuales sustentan el alimento y la supervivencia de familias vulnerables, ancianos y personas con discapacidad.

Esta arremetida del Ejecutivo estadounidense desmantela un criterio legal vigente desde 1998, el cual delimitaba la entrega de información únicamente a las agencias específicas que gestionaban dichos programas sociales. Con el nuevo dictamen promovido por el fiscal adjunto T. Elliot Gaiser, la Casa Blanca expande de forma coercitiva la obligación de delación a todas las dependencias estatales.

La medida forma parte del endurecimiento de las políticas punitivas del régimen de Washington contra la migración, utilizando la retención de fondos de ayuda social como herramienta de chantaje político contra aquellos estados que rechazan convertirse en brazos ejecutores de las deportaciones.

El recrudecimiento de la política antimigrante en Estados Unidos coincide con un incremento histórico en las denegaciones de solicitudes de asilo.

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Un informe de la organización Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse (estado de Nueva York) reveló que en junio de 2026 los tribunales de migración denegaron el 94 por ciento de los casos presentados, aprobando únicamente un vertiginoso 5,5 por ciento, lo que equivale a tan solo 771 personas amparadas bajo este derecho internacional, una cifra drásticamente inferior a las registradas en años anteriores.

Este desplome en la concesión de refugio refleja el impacto del nombramiento de cientos de jueces alineados con las directrices de la Casa Blanca, lo que acelera las resoluciones masivas en contra de las familias que huyen de la violencia.

Mientras las organizaciones de derechos humanos anticipan batallas legales contra el chantaje presupuestario a los programas sociales, la administración de Trump consolida un modelo punitivo que despoja de garantías procesales y apoyo humanitario a millones de trabajadores indocumentados en territorio norteamericano.

En paralelo, el Gobierno desplegó operativos de captura rápida encabezados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) por sus siglas en inglés en al menos 15 aeropuertos del país. Con el respaldo de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), Washington busca duplicar la cifra de detenciones diarias para alcanzar al menos 2.000 arrestos por jornada.

Las incursiones se dirigen contra viajeros de más de 12 nacionalidades que intentan abordar vuelos internos con visados vencidos, a quienes se les frena el tránsito y se les presiona coercitivamente para firmar salidas voluntarias, afectando incluso a personas con trámites de regularización en curso o con delicados cuadros de salud.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos y abogados de migración denunciaron que esta estrategia punitiva atenta contra el debido proceso y provoca la fractura de miles de familias trabajadoras. Sin embargo, el endurecimiento de la persecución interna no es el único frente de rechazo que acorrala a la Casa Blanca.

Recientes sondeos de opinión revelan que el 73 por ciento de la ciudadanía estadounidense considera que el presidente Trump ignora la realidad y las necesidades inmediatas de la población, mientras que un 66 por ciento afirma que el mandatario antepone sus intereses personales al bienestar de la nación.

Autor: teleSUR - lf - JDO

Fuente: Agencias