El Gobierno de Colombia decretará de manera directa el Presupuesto General de la Nación para el año fiscal 2027, ascendente a 634,9 billones de pesos (aproximadamente 201.000 millones de dólares), luego de que el proyecto se cayera en el Congreso de la República al vencerse el plazo legal sin lograr la conciliación de un texto unificado entre ambas cámaras.

​El anuncio fue realizado este miércoles 21 de octubre por el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien confirmó que el Ejecutivo aplicará el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto. 

Esta norma establece que, la falta de expedición parlamentaria en los tiempos fijados, regirá el proyecto presentado originalmente por el Gobierno con las modificaciones aprobadas únicamente durante el primer debate en las comisiones económicas conjuntas.

“El Gobierno Nacional en el día de hoy procederá a decretar dicho presupuesto general de la nación. Este presupuesto que vamos a decretar es el presupuesto de la verdad, que sí incluye todos los gastos sociales y de funcionamiento del Estado”, declaró Restrepo en conferencia de prensa, anunciando además la próxima presentación de una «ley de rescate» para la recuperación económica.

​El colapso de la vía legislativa se produjo al expirar el plazo constitucional a la medianoche del martes 20 de octubre. La controversia surgió en torno al artículo 65 del proyecto: mientras el Senado retiró una propuesta de modificación para votar el texto sin cambios, la Cámara de Representantes sí incorporó la enmienda y aprobó una versión distinta.

Aunque la Administración de Abelardo de la Espriella celebró inicialmente una supuesta victoria parlamentaria aduciendo que ambas corporaciones habían adoptado el mismo texto, congresistas de la bancada de oposición del Pacto Histórico detectaron las discrepancias formales. Al ser obligatoria una comisión de conciliación para unificar los articulados y no realizarse antes del límite legal, la iniciativa incurrió en un insubsanable vicio de procedimiento.

​Un revés político

​El desenlace representa un duro revés político y técnico para el gabinete de De la Espriella, particularmente para los ministerios del Interior y de Hacienda, que habían adelantado intensas negociaciones a puerta cerrada con sectores del Partido Liberal y Cambio Radical para consolidar una mayoría a favor del ajuste fiscal.

​Dichas alianzas buscaban aprobar un texto con drásticos recortes presupuestarios en áreas sensibles de la política pública. Sin embargo, al expedirse por decreto bajo el texto del primer debate, los recortes acordados en el trámite legislativo quedan sin efecto.

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​Entre los rubros que recuperan sus montos originales destacan: los fondos destinados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), clave para el esclarecimiento del conflicto armado; las partidas dirigidas al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y a instituciones de educación pública, y las asignaciones para el desarrollo de programas de arte, cultura e inversión social.

​Analistas y parlamentarios coinciden en que el fallo de cálculo del equipo gubernamental deja desarmada su estrategia de austeridad sectorial en el Congreso, obligando al Ejecutivo a asumir el costo político de gobernar con el presupuesto base mientras busca vías alternativas para tramitar sus reformas financieras.

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