La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, denunció que el Gobierno de Donald Trump está financiando los gastos de la guerra contra Irán mediante nuevos aranceles aplicados a países latinoamericanos.

LEA TAMBIÉN:

Académico de Colombia advierte de proceso neocolonial impulsado por EE.UU.

Villavicencio explicó que las medidas anunciadas por el representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, responden a la crisis fiscal que atraviesa Estados Unidos debido al elevado costo de la confrontación con Teherán.

Según la diplomática, los gravámenes constituyen un mecanismo para sostener los conflictos bélicos en los que participa el Pentágono, donde “el gasto militar desproporcionado que está realizando este país para querer dominar el mundo de forma unilateral” refleja una estrategia equivocada. 

El anuncio, realizado el viernes por Greer, fijó aranceles entre el 10 % y el 12,5 % para mercancías provenientes de 60 países, entre ellos varias naciones de América Latina y el Caribe: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela.

El comunicado del Departamento de Comercio estadounidense precisó que “los socios comerciales que adopten la prohibición de importar productos de trabajo forzoso tendrán un arancel del 10 %, mientras que quienes no lo hagan enfrentarán un 12,5 %”.

Más de diez economías resultarán afectadas por estas medidas. En el caso de Brasil, se estableció un arancel excepcional del 25 %, lo que llevó al gobierno brasileño a anunciar que revertirá la decisión mediante la Ley de Reciprocidad, aprobada por unanimidad en el Congreso Nacional.

En contraste, las economías de México y Ecuador permanecerán sin cambios, según el mismo comunicado oficial.

Estas disposiciones se producen después de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, reconociera en el Senado que la guerra contra Irán ha costado 37.500 millones de dólares. Hegseth solicitó además un incremento presupuestario para continuar financiando el conflicto, propuesta que fue rechazada por la cámara alta.

EN ESTA NOTA: