El primer proyecto de ley que aterrizará en el nuevo Congreso colombiano no habla de hambre, salud ni tierra. Habla de comunismo. El senador electo Alejandro Bermeo, del Movimiento de Salvación Nacional, anunció que radicará una iniciativa para instaurar una «Semana Anticomunista» obligatoria en colegios e instituciones de educación superior de todo el país.

El abogado tolimense, activista digital sin trayectoria en cargos públicos, resumió su apuesta ante los medios. «Vamos a lograr que una semana en el año se enseñe en las escuelas, en todo el bachillerato, lo que han sido los horrores, los crímenes, la historia de lo que ha sido el comunismo», afirmó el congresista, que también promete exaltar «el valor de la democracia y del pluralismo».

Bermeo no esconde de dónde saca el guion. La congresista republicana María Elvira Salazar, de Florida, impulsa desde 2021 la Crucial Communism Teaching Act, una ley que ordena enseñar los peligros del comunismo en la secundaria estadounidense con materiales de la Fundación Conmemorativa de las Víctimas del Comunismo. La Cámara de Representantes la aprobó en diciembre de 2024, con 327 votos contra 62.

Ese texto copió a su vez la ley que Ron DeSantis firmó en Florida para llevar «los horrores del comunismo» a las escuelas del estado. La cadena de calcos termina ahora en Bogotá, en un país que nunca vivió un Gobierno comunista y que sí carga con décadas de violencia contra quienes fueron señalados como tales.

El diseño que explica esta ley no se decide en Bogotá. La Estrategia de Defensa Nacional que Washington divulgó el 23 de enero fundió el territorio estadounidense y el hemisferio en un solo teatro estratégico y subió a América Latina al primer renglón de sus prioridades. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, reunió en Doral, Florida, a los mandos militares de la región en torno a una coalición «anticartel» y describió el continente como un «perímetro de seguridad inmediato» que incluye tanto Groenlandia como el Canal de Panamá. En mayo, ante el Diálogo de Shangri-La, celebró el regreso de la doctrina Monroe con un bautizo de su cosecha, la «doctrina Donroe».

Esa arquitectura militar tiene un brazo ideológico. El 20 de julio, el Departamento de Estado que dirige Marco Rubio publicó un informe de cerca de cien páginas titulado «Cuba: La Capital del Comunismo del Siglo XXI», que atribuye a La Habana seis décadas de subversión continental. Organizaciones estadounidenses de libertades civiles le hallaron vacíos probatorios. El documento pesa aquí por lo que autoriza, un relato que convierte al adversario político en amenaza de seguridad.

Sacar a Marx, meter a Dios

La iniciativa no camina sola. Encaja en el proyecto educativo del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien designó como ministra de Educación a Viviane Morales, abogada evangélica y primera mujer fiscal general de Colombia. Su consigna resume el programa. Hay que «sacar a Marx de las aulas y meter a Dios», repite desde la campaña.

Como senadora, promovió un referendo para restringir la adopción por parte de parejas del mismo sexo y se convirtió en una de las voces más duras contra lo que denomina «ideología de género». Su esposo, Carlos Alonso Lucio, figura entre los ideólogos del nuevo mandatario.

La revista colombiana Raya describe el fenómeno como el traslado al Estado de una estética de culto ensayada en campaña, con mítines convertidos en shows al estilo de Donald Trump y Javier Milei, respaldo de la farándula y un formato calcado de los cultos evangélicos, que reúnen entre 6 y 10 millones de feligreses en el país. La publicación advierte que esa moral cristiana, anticomunista y neoliberal busca volverse orientación estatal para la escuela, la cultura y la memoria histórica.

El obstáculo es la Constitución de 1991, que define a Colombia como un Estado laico, pluralista y pluriétnico. Expertos en educación recuerdan que el país carece de un currículo nacional homogéneo y que priman la autonomía institucional y la libertad de cátedra. El supuesto adoctrinamiento marxista que la propuesta pretende combatir carece de sustento verificable.

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Rechazo en el Congreso de Colombia

Desde el Senado, la congresista María Eugenia Londoño, del Partido Comunista Colombiano, calificó la medida como «profundamente reaccionaria» y denunció que convierte la escuela en escenario de estigmatización política. Su colectividad, con 96 años de existencia, reivindica una historia atravesada por la persecución y la violencia.

Ese antecedente pesa. En Colombia, la etiqueta de comunista precedió al exterminio de la Unión Patriótica, un caso por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado en 2023. Llevar la señalización ideológica al pupitre reactiva una gramática que el país conoce demasiado bien.

De la Espriella asume el 7 de agosto tras ganar la segunda vuelta con 49.66% frente al 48.70% de Iván Cepeda, una diferencia inferior a un punto y a 250.000 votos. Gobernará una sociedad partida en mitades casi idénticas. La primera ley que su bancada quiere estrenar, sin embargo, apunta a enseñarle a la mitad del país que la otra mitad es un peligro.

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